Negligencia médica: ¿Cómo saber si se ha producido una?

Cada vez es más común leer en las noticias que ha tenido lugar algún tipo de negligencia médica, debido principalmente a la sobrecarga que sufren los sanitarios, todo ello acompañado de una falta de recursos materiales, lo que conjuntamente origina fallos a la hora de diagnosticar las diferentes patologías que puede presentar un paciente.

En consonancia, se ha producido un aumento de reclamaciones con respecto a años anteriores.

¿Qué es una negligencia médica?

Los profesionales sanitarios, entre ellos los médicos, deben ejercer su profesión bajo la denominada lex artis.

Esta podría definirse como aquellas reglas de carácter técnico que se fijan teniendo en cuenta los estándares aceptados por la comunidad científica, y a los que deben ajustarse los profesionales al llevar a cabo su profesión, teniendo en cuenta las condiciones y circunstancias en que hayan de desempeñarla y la situación del paciente en cada caso.

Representa la actuación diligente desde el punto de vista del caso específico y del estado de la técnica.

¿Cuándo podemos considerar que existe negligencia?

Para poder responder adecuadamente a esta pregunta hay que conocer la diferencia entre obligaciones de medios y obligaciones de resultado.

El Tribunal Supremo ha establecido que en los casos en los que acaece una negligencia médica, estaríamos ante una obligación de medios puesto que el médico tiene la obligación de ofrecer al paciente los medios adecuados y aplicar las técnicas correctas.

Además, tienen la obligación de poner en conocimiento del paciente la información necesaria que le permita consentir o rechazar una determinada intervención.

Debemos mencionar lo que la jurisprudencia ha fijado con el nombre de teoría de la oportunidad: los actos que realiza un profesional de la medicina y que han podido influir en el desarrollo de una enfermedad privando al paciente de oportunidad de curación.

El profesional médico responderá por sus actuaciones cuando éstas incidan de manera negativa en el paciente.

¿Cuáles son las negligencias médicas más frecuentes?

Podemos destacar las siguientes:

  1. Retrasos injustificados a la hora de aplicar al paciente el tratamiento que le corresponde
  2. Errores o dilaciones de tiempo a la hora de diagnosticar la enfermedad al paciente
  3. Falta de consentimiento informado

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la reparación del daño sufrido?

Los requisitos son:

  1. Que exista un daño en la integridad física o psíquica del paciente.
  2. La mala praxis, es decir, no actuar según protocolo sanitario.
  3. Nexo causal entre la lesión y el perjuicio causado así como la actuación sanitaria.

Aquellos daños que no pudieran prevenirse o evitarse no pueden conllevar una negligencia médica.

Si uno de estos tres requisitos no ocurre, no podríamos hablar de negligencia médica.

¿Cuáles son las vías para reclamar?

En Perea Abogados, lo primero que hacemos es un estudio de viabilidad, teniendo en cuenta la documentación relativa al asunto y remitimos los documentos clínicos a un perito médico.

Si esta negligencia ha tenido lugar en el ámbito de la sanidad pública, será necesario agotar previamente la vía administrativa antes de incoar la vía judicial.

Tanto el propio perjudicado como sus allegados (en caso de que el perjudicado haya fallecido) podrán reclamar ante el correspondiente Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma competente.

Si la negligencia médica se ha producido en el ámbito de la sanidad privada, se podrá reclamar directamente frente al hospital o aseguradora en vía civil.

En aquellos casos en los que se entienda que de la actuación de los profesionales sanitarios se incurre en un delito, se podrá acudir a la vía penal con el fin de conseguir la inhabilitación del facultativo, penas de multa o de prisión.

¿Hay algún plazo para exigir responsabilidades?

Sí, suele ser de un año, computado a partir del momento en que puede determinarse la totalidad del daño (secuelas) y no desde la fecha en la que se produjo el hecho.

Esperamos haberte ayudado.

Para cualquier consulta adicional sobre negligencias médicas y seguros, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en nuestro teléfono 915 748 139 ó 626 125 436 o por email a madrid@perea-abogados.com

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¿Cómo reclamar el impago de la pensión de alimentos?

Alguna vez te has preguntado: ¿cómo reclamar el impago de la pensión de alimentos?

Sucede en algunos casos que tras la separación o divorcio, existencia de sentencia firme o convenio regulador con medidas que se deben cumplir, uno de los progenitores deja de pagar la pensión de alimentos.

Entonces, en estos casos, ¿qué se debe hacer?

Pues aquí tenemos dos alternativas: reclamarlo por vía civil o por vía penal.

¿Cómo puedo reclamar por vía civil?

Lo primero de todo, es intentar alcanzar un acuerdo de forma amistosa para que las medidas se cumplan.

En caso de que eso no ocurra, podrás iniciar un procedimiento de ejecución forzosa de la sentencia en el Juzgado que dictó la misma.

Deberás contar con un equipo de abogados especializados en Derecho de Familia, como Perea Abogados, que te acompañará durante todo el proceso.

¿Cómo puedo reclamar por vía penal?

Aquí el procedimiento puede ser más costoso y extenderse mucho más que la vía civil en el tiempo.

Hablamos de presentar una denuncia por delito de impago de pensiones, pero deberán darse unos requisitos: el impago de las cantidades se haya producido durante dos meses consecutivos o durante cuatro meses alternos.

El Código Penal establece penas de prisión de tres meses a un año o de multa de 6 a 24 meses.

¿Qué circunstancias son esenciales para que se pueda condenar por impago de pensión de alimentos?

  • Debe existir una sentencia firme o un convenio regulador aprobado por el Juez que establezca la obligación del pago de prestaciones económicas a favor de los hijos.
  • Deberá existir una omisión en la conducta del pago por parte del obligado en los plazos que ya hemos referido.
  • Además, según el Tribunal Supremo, el impago debe ser doloso.

No obstante, aunque el sujeto no pueda pagar los alimentos porque se encuentre en una situación de insolvencia, la pensión de alimentos no es un crédito exonerable y de hecho está altamente protegido en las situaciones de concursos consecutivos.

Desde Perea Abogados os recomendamos que os pongáis en contacto con nuestros abogados especializados en Derecho de Familia antes de iniciar cualquier reclamación penal o civil, para que os asesoren detalladamente y os acompañen en todo el proceso.

Esperamos haberte ayudado.

Para cualquier consulta adicional sobre divorcios, menores y herencias, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en nuestro teléfono 915 748 139 ó 626 125 436 o por email a madrid@perea-abogados.com

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El delito de alzamiento de bienes

¿Qué pasaría si mediante engaño intento no pagar una serie de deudas? ¿Incurro en la comisión de un delito de alzamiento de bienes?

Estaríamos ante un delito de alzamiento de bienes si nos deshacemos y ocultamos nuestro patrimonio para evitar posibles embargos y en consecuencia, el pago de nuestras deudas.

¿En qué consiste el alzamiento de bienes?

Es un delito socioeconómico en el que el sujeto oculta el patrimonio que le pertenece con el fin de evitar pagar deudas a su cargo.

Se encuentra tipificado en los artículos 257 a 258 ter del Código Penal, y será aplicable tanto a cualquier tipo de obligación o deuda (cuyo pago se intenta eludir), como a los derechos económicos de los trabajadores.

El bien jurídico que se pretende proteger es el derecho del acreedor a ejecutar y hacer efectivo su crédito.

Se consuma cuando el deudor, conocedor de sus deudas, se coloca en una situación de insolvencia para evitar su obligación de pagarlas.

El ilícito penal se comete con independencia de que el sujeto haya logrado o no su objetivo de eludir las deudas. Solo será necesario que el sujeto sea consciente de la existencia de una deuda y se deshaga de sus bienes para no afrontarla.

Requisitos del delito de alzamiento de bienes

  1. Existencia de una obligación dineraria a cargo del deudor que sea anterior a la consumación del delito.
  2. Existencia de un derecho de crédito previo a favor del acreedor.
  3. Ocultación o destrucción de los bienes patrimoniales por parte del deudor, evitando así que se satisfaga el cobro de su acreedor.
  4. La parte deudora debe estar en situación de insolvencia total o parcial como consecuencia de la destrucción de bienes que imposibilita saldar la deuda.
  5. Existe una intención de perjudicar al acreedor por parte del deudor.

Tipos de alzamiento de bienes

A) Tipo básico (art. 257.1.1º C.P.)

  • Cuando el deudor se coloca en situación de insolvencia ocultando bienes patrimoniales para eludir su responsabilidad.
  • Penas de prisión de 1 a 4 años y de multa de 12 a 24 meses.

B) Tipo específico (arts. 257.1.2º y 257.2 C.P.)

  • El deudor realiza un acto de disposición patrimonial que dilata, dificulta o impide un embargo o procedimiento de apremio iniciado o previsible de iniciación.
  • También se castigan aquellos actos dirigidos para eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito que hubiere cometido o del que debiera responder.
  • Penas de prisión de 1 a 4 años y de multa de 12 a 24 meses.

C) Tipo agravado (art. 257.3 C.P.)

  • El acreedor de la deuda es una persona jurídica pública.
  • Encajan también aquellos supuestos en los que nos encontremos ante una obligación de derecho público.
  • Penas de prisión de 1 a 6 años y multa de 12 a 24 meses.

D) Tipo atenuado (art.258 C.P.)

  • En un procedimiento judicial o administrativo, el deudor presenta relación de bienes o patrimonio incompleta o falsa que dilata, dificulta o impide la satisfacción al acreedor de la deuda.
  • La conducta queda impone si el acreedor presenta una relación de bienes completa y real antes de que el Juez descubra el carácter incompleto de la misma.
  • Pena de prisión de 3 meses a 1 año y multa de 6 a 18 meses.

¿Pueden las personas jurídicas cometer este tipo de delito?

Sí, dado que el sujeto activo puede ser tanto una persona física como jurídica, de carácter público o privado.

¿Cuáles son las penas para las personas jurídicas?

Tendremos que fijarnos en el art. 258 ter C.P. que establece las siguientes:

  • Multa de 2 a 5 años – el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de cárcel de más de 5 años.
  • Multa de 1 a 3 años – el delito prevé una condena de más de 2 años.
  • Multa de 6 meses hasta 2 años (resto de casos).

Ejemplos de alzamiento de bienes

  • Venta del patrimonio del deudor
  • Divorcio ficticio
  • Donaciones en favor de parientes o amigos
  • Ocultación o destrucción de bienes muebles
  • Capitulaciones matrimoniales acordando el régimen económico matrimonial de separación de bienes con el fin de atribuir los bienes al cónyuge no deudor.

Esperamos haberte ayudado.

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Prueba preconstituida o anticipada: diferencias

En el proceso penal puede solicitarse una prueba preconstituida o anticipada.

Te explicamos las diferencias entre cada una de ellas pues dependerá de si nos encontramos en la fase de instrucción (inicial) o en la fase de enjuiciamiento (indicios suficientes para que se presuma culpable al acusado).

¿Qué diferencia principal existe entre la prueba anticipada y la preconstituida?

La prueba anticipada es un medio probatorio que se lleva a cabo en el juicio oral pero dentro del proceso, en la fase de enjuiciamiento.

La prueba preconstituida se lleva a cabo durante la fase de instrucción, es decir, durante la investigación inicial. Por lo tanto, es anterior y ajena al proceso, pudiendo incorporarse a través de prueba documental.

Elementos clave sobre la prueba preconstituida y la anticipada

Las diligencias encaminadas a determinar la comisión o no de un delito y el sujeto responsable, se reproducen en el juicio oral y deben cumplir unos principios:

  1. Publicidad
  2. Oralidad
  3. Inmediación
  4. Contradicción

Se encuentra una excepción en la prueba anticipada, pues se practica con anterioridad al juicio oral.

Así, la prueba anticipada deberá reunir los siguientes requisitos:

  1. Material. Sobre hechos cuya reproducción es imposible llevarse a cabo el día que se celebra el juicio oral.
  2. Subjetivo. Apreciadas por una autoridad pública (Juez de Instrucción)
  3. Objetivo. Deben existir unos parámetros óptimos de contradicción.
  4. Formal. Se introduce en el plenario mediante su lectura o exhibición.

Ejemplos

El ejemplo más clásico de prueba preconstituida lo encontramos en la autopsia de un cadáver. También podría ser un test de alcoholemia que se realiza en un accidente de tráfico.

En cuanto a la prueba anticipada, podríamos hablar de una persona que debe testificar en el juicio pero tiene un grave estado de salud y se teme que fallezca antes del acto y se le toma declaración previa por si acaso.

La prueba preconstituida en la prueba testifical

La LECrim prevé la posibilidad de preconstituir la prueba debido:

  1. Al lugar de residencia de un testigo/víctima.
  2. Imposibilidad del testigo de declarar en el momento en que debe hacerlo
  3. Existe un motivo suficiente que pueda prever la muerte, incapacidad física o intelectual del declarante.
  4. Persona con la capacidad judicialmente modificada

Si tenemos a un menor de 14 años o con discapacidad necesitada de especial protección y debe testificar, deberá la autoridad practicar prueba preconstituida si el procedimiento se instruye sobre alguno de los delitos recogidos en el art. 449 ter LECrim.

Es importante señalar que las declaraciones de testigos, aún cuando posteriormente se retracten en el juicio oral, pueden considerarse prueba suficiente debido a la mayor fiabilidad que pudiese tener la visión sumarial.

La prueba anticipada en la prueba pericial

La prueba pericial será anticipada cuando se pueda producir en el juicio oral.

Ahora bien, si el acusado no expresa en su escrito de calificación provisional su oposición al dictamen pericial, el informe adquirirá el carácter de prueba preconstituida, aceptada de forma implícita.

Desde Perea Abogados, esperamos haberte aclarado estos conceptos que tienden a confundirse habitualmente.

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Las tiendas de CBD en España

Es obvia la gran cantidad de negocios modernos que han surgido en estas dos últimas décadas. Entre ellos podemos encontrar los denominados “GROWSHOPS” y “TIENDAS CBD”, los cuales están teniendo una gran acogida dentro de nuestra sociedad por la influencia de ciudades extranjeras como Ámsterdam, aunque no así exentos de polémica.

Dentro del mundo del cannabis hemos de hacer referencia al CBD puesto que cada vez es más común como un sustitutivo para aquellos consumidores habituales de marihuana con fines recreativos o aquellos que, sin embargo, buscan fines medicinales o terapéuticos.

Ahora bien, debemos plantearnos si su consumo y comercialización son legales o no en nuestro país, cuestión que resolveremos a lo largo de este artículo.

¿Qué entendemos por CBD?

Se conoce como el cannabidiol y es una alternativa a la marihuana clásica, que aún poseyendo un porcentaje de THC, este es muy reducido (inferior al 0,2% que es el límite legal establecido).

Proviene de las hojas y flores de la planta Cannabis Sativa, habitualmente conocida como cáñamo.

La principal diferencia con la marihuana sería que éste no produce un efecto psicotrópico, es decir, quien lo consume no sufriría “un colocón”. Además, el CBD no genera adicción alguna.

Sus cualidades son:

  • Es antiinflamatorio
  • Sirve de analgésico
  • Tiene características antioxidantes
  • Funciona como antidepresivo.

¿Qué productos podemos comprar en España que contengan CBD?

Encontramos una amplia gama:

  • Flores
  • Aceites
  • Cosmética
  • Cremas (para dolores musculares)

Evidentemente, no vale cualquier flor, aceite o crema sino que habrá que leer los ingredientes previamente.

Entonces, ¿es legal en España?

A día de hoy, no existe una normativa legal que regule la producción o el consumo del CBD en España.

Debemos tener en cuenta lo dispuesto en los convenios internacionales, como el de la Convención Única de 1961 sobre Estupefaciente que sí fiscaliza el THC, pero no el CBD.

Además, diferencia entre parte prohibidas (aquello que provenga de la flor, fruto o cogollo) y no prohibidas (aquello que provenga de semillas u hojas) de la planta.

Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Asunto C-663/18), un Estado Miembro no podrá prohibir la comercialización de CBD legamente producido en otro Estado Miembro si se extrae de la planta de Cannabis Sativa en su totalidad y no solo de sus fibras y semillas.

De hecho, el Tribunal fija la posibilidad de invocar la libertad de circulación de mercancías al no considerar el CBD como un estupefaciente.

No obstante, quedan excepcionados los supuestos que afecten a la salud pública.

¿Cuáles serían los requisitos para la venta legal en España de este producto?

Lo primero de todo, sí es lícito comercializar CBD en España, pero con ciertos matices.

Dichas condiciones son:

  1. Se debe comercializar en establecimientos físicos, tiendas on-line o estancos.
  2. Está legalmente permitido sólo para su uso externo, es decir, para productos cosméticos.
  3. Ningún producto derivado del CBD podrá contener un porcentaje superior al 0,2% de THC.*
  4. No está permitida su venta en formato alimenticio.

*Hay que tener cuidado con importar dichos productos de otros países pues en aquellos puede que la ley establezca un porcentaje diferente.

¿Qué pasaría si nos para la Policía con CBD en formato de flores?

Por su gran semejanza con la marihuana clásica e ilegal, probablemente los agentes de la autoridad redactarán una propuesta de denuncia, enviarán a analizar las sustancias y cuando se obtenga el resultado y vean su bajo nivel de THC, tendrán que retirar la inicial denuncia.

Con lo cual, en España la comercialización del CBD es legal, pero su uso se encuentra limitado a aplicaciones externas.

Esperamos haberte ayudado. Si has sido detenido o sancionado por tenencia de drogas, ponte en contacto con nosotros.

Para cualquier consulta adicional sobre tenencia ilícita de sustancias, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en nuestro teléfono 915 748 139 ó 626 125 436 o por email a madrid@perea-abogados.com

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