Me reclaman un microcrédito: ¿qué hacer?

¿Qué debo hacer si una empresa me reclama un microcrédito que solicité hace unos meses?

Si estás leyendo esto es porque estás pensando solicitar un microcrédito o has recibido una demanda en la que te reclaman cantidades desorbitadas para la cuantía que te prestaron.

Aquí te explicamos cómo solucionarlo.

Lo primero de todo, ¿qué es un microcrédito?

Es un préstamo de cantidades muy pequeñas de dinero, con un interés muy bajo.

O eso es como lo definen las empresas que tramitan este tipo de préstamos como son Moneyman o Vivus, entre otros.

Lo cierto es que los intereses son MUY elevados. Y pueden llegar a ser abusivos.

¿Cómo puedo identificar un microcrédito?

A diferencia de lo que sucede cuando acudes a solicitar un crédito al uso, los microcréditos pueden solicitarse on-line, sin obligación de presentar nómina, ni aval ni garantía.

Y su devolución se efectúa en un único pago.

¿Por qué sus intereses son abusivos?

Tomamos como referencia la Tasa Anual Equivalente (TAE), es decir, el porcentaje que expresa el coste total del préstamo en un año.

En los microcréditos, ese TAE puede superar los 1.000%, 2.000% o incluso 4.000%.

Es decir, si solicitas un microcrédito de 300 euros, es muy probable que la cantidad que te reclamen a posteriori sea el triple o cuádruple de lo que te concedieron.

Estos intereses son nulos, y así lo dispone la Ley de Represión de la Usura (1908) porque es un interés desorbitado, pues supera el interés legal del dinero y además, resulta muy desproporcionado a las circunstancias del caso.

¿Y qué debo hacer si me reclaman el pago?

Lo primero de todo, NO LO PAGUES.

Lo segundo, ponte en contacto con un abogado especializado en la materia. En Perea Abogados podemos ayudarte.

Este tipo de empresas suele ceder sus créditos a terceros y seguramente, la reclamación no te la efectúe la empresa que te prestó las cantidades.

Nosotros nos encargaremos de librarte de las cantidades que te reclaman, por ser abusivas.

No obstante, lo conveniente para no llegar a estos extremos es que nos contactes antes de solicitar un crédito de cualquier tipo, nosotros evaluamos las condiciones del mismo y te diremos si te merece la pena o si alguna de las cláusulas es contraria a Derecho.

Para cualquier consulta adicional sobre derecho bancario, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en nuestro teléfono 915 748 139 ó 626 125 436 o por email a madrid@perea-abogados.com

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El delito de sustracción de menores

El delito de sustracción de menores se encuentra regulado en el art.225 bis de nuestro Código Penal.

Nada tiene que ver con el delito de abandono de familia.

Pero, ¿qué se considera sustracción?

  1. Se traslada al menor de edad fuera de su residencia habitual sin el consentimiento del otro progenitor o de las personas o instituciones que ostentaran su guarda y custodia.
  2. Se retiene al menor de edad incumpliendo lo establecido por una resolución judicial o administrativa.

La pena de prisión para este hecho delictivo es de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad de cuatro a diez años.

Pero además, si al menor se le sustrae fuera de España o se impone alguna condición para restituirlo, la pena se agrava.

¿Qué se debe hacer si se cambia al menor de residencia?

Es esencial comunicar el nuevo lugar de estancia al otro progenitor que ostenta la guarda y custodia en el plazo de 24 horas siguientes a la sustracción con compromiso de devolución inmediata.

En este caso, el sustractor quedará exento de pena.

Si lo restituye sin haber comunicado en esas 24 horas el paradero del menor, y lo hace dentro de los 15 días siguientes a la sustracción, la pena de prisión es de 6 meses a 2 años.

Todos los plazos computan desde la fecha de la denuncia de la sustracción.

¿Quién puede ser autor de este delito?

Únicamente serán autores:

  1. Los ascendientes del menor
  2. Los familiares del progenitor hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad

¿Cómo se puede evitar que se produzca este delito?

Siempre tendemos a presuponer la buena fe las partes, pero en un procedimiento de familia, una situación puede torcerse de un momento a otro.

Nuestros abogados especializados en Derecho de Familia aquí, en Perea Abogados, os recomiendan que pidáis consejo y os rodeéis de un equipo de profesionales jurídicos que sean expertos en la materia.

Tras ello, es importante que en el procedimiento de divorcio, separación o medidas paternofiliales, ya se soliciten medidas que eviten este delito o que, en caso de que se produzca, sea mucho más sencillo que el progenitor o familiar que lo realice, sea condenado.

Conviene destacar que hasta el propio Tribunal Supremo ha reiterado que cuando se habla de sustracción de menores, siempre nos referimos a que el sustractor es aquel que se lleva al menor sin ostentar la guarda y custodia. En caso contrario, no se considera delito.

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¿Qué es la cesión de créditos a terceros?

La cesión de créditos a terceros, según el RGPD, consiste en un negocio jurídico que se celebra entre el acreedor del crédito y un tercer sujeto, con el fin de transmitirle la titularidad de una deuda.

Es una herramienta muy utilizada por los bancos. Supone, además, una gran oportunidad para los inversores.

Consideración jurídica

  1. Es un acuerdo de voluntades entre acreedor cedente y acreedor cesionario
  2. Se trata de un contrato traslativo, ya que no existe la obligación de notificar al deudor
  3. Se confecciona como escritura pública, produciendo la cesión efectos frente a todos
  4. Es un negocio jurídico bilateral.

La transmisión de crédito puede establecerse en cualquier modalidad contractual, siempre que las partes sean las mismas, conservando así la relación jurídica originaria, que no se extingue.

Sujetos partícipes

  1. Acreedor inicial o cedente.
  2. Deudor, que supone la parte objeto de la cesión.
  3. Nuevo acreedor, se le denomina cesionario.

Aunque participan tres sujetos, únicamente serán partes del contrato dos de ellas (el cedente y el cesionario).

Se puede deducir que el sujeto denominado deudor no tiene que prestar su consentimiento para que esta cesión se produzca y, por lo tanto, no es un requisito necesario que le sea notificado (únicamente será una exigencia para que la cesión le sea oponible).

Obligación principal del deudor

Debe pagar la deuda. Pueden darse dos situaciones:

  1. El deudor “cedido” no tenga conocimiento de la cesión y proceda a abonar la deuda al acreedor inicial, en cuyo caso se extinguirá su obligación ya que ha pagado la cantidad que debía, y nadie podrá recamarle nada.
  2. El deudor “cedido” conoce la cesión, únicamente quedará liberado de la deuda si la paga al nuevo acreedor.

En cuanto al derecho de retracto, el deudor tiene legitimidad para cancelar la deuda contraída reembolsando al cesionario lo que ha pagado por ese crédito al acreedor cedente, conociéndose esta figura como derecho de retracto en la cesión de créditos litigiosos.

Cesiones especiales

  1. Derechos hereditarios
  2. De ciertos derechos, rentas y productos en su totalidad
  3. Créditos litigiosos, entendiendo que existen estos desde el momento en que tiene lugar la interposición de la demanda judicial por parte del acreedor reclamando el cobro del mismo hasta que el juez dicta una sentencia sobre el mismo, además el deudor tiene que oponerse a la exigibilidad de la reclamación
  4. Cesión global de activo y pasivo.

Generalmente, cuando solicitamos un microcrédito, luego nos reclama el pago un tercero, porque ese tipo de préstamos, los suelen ceder las empresas.

Si has recibido noticias de que han cedido tu crédito a un tercero, escríbenos para reclamar tus derechos en tu nombre.

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¿Me corresponde finiquito por mi baja voluntaria?

En España, cualquier trabajador tiene derecho a solicitar una baja voluntaria en la empresa que esté desempeñando sus funciones laborales.

Ahora bien, este derecho debe ejercerse siguiendo una serie de requisitos formales y respetando una serie de plazos prestablecidos.

¿En qué consiste una baja voluntaria?

Esta supone el aviso del empleado a la empresa empleadora con el fin de rescindir la relación laboral que los une.

En nuestra legislación, el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, aunque de manera breve, menciona este tipo de baja.

Este preaviso constituye un requisito formal inherente a la baja voluntaria. El lapso de tiempo de 15 días constituye el plazo de preaviso generalizado y habitual (el Estatuto de los Trabajadores hace mención a la expresión “según la costumbre del lugar”).

Sin embargo, antes de tener en cuenta dicho plazo de tiempo habría que revisar si el convenio colectivo concreto establece otro plazo, pues en dicho caso prevalecería ese plazo al establecido de forma genérica.

Podemos afirmar que la baja voluntaria funciona siempre de la misma manera, siendo por lo tanto independiente el contrato laboral que se tenga (ya sea a jornada parcial o completa).

La única especialidad la encontraríamos si el sujeto se encuentra en el período de prueba puesto que éste no estaría obligado a preavisar.

¿Cuáles son las principales características de la baja voluntaria?

  1. Iniciativa de romper la relación laboral, por parte del empleado.
  2. Es un requisito formal la constancia de que se ha realizado un preaviso antes de abandonar la empresa.
  3. Podría ser reversible dicha decisión, pero siempre que no transcurran los días establecidos para el preaviso. Después de transcurrido dicho periodo de tiempo, el trabajador podría volver a la empresa siempre que esta quiera y llevando a cabo un contrato laboral nuevo.

¿Cómo debe formalizarse legalmente una baja voluntaria?

La mejor manera de llevar a cabo la comunicación, por parte del empleado de dejar su puesto de trabajo, sería realizarla tanto de manera oral como de forma escrita.

De esta forma, quedaría constancia y serviría de prueba que tanto la empresa como empleado se encuentran al corriente de esta situación y por ende son conocedores de la intención de abandonar la empresa por parte del trabajador.

¿Qué derechos tiene un trabajador en caso de solicitar la baja voluntaria?

Principalmente, el trabajador que cesa voluntariamente en su puesto de trabajo tendrá derecho a recibir el finiquito ya que dicha liquidación se debe abonar al asalariado en cualquier tipo de extinción de la relación laboral.

Encontraríamos un documento conocido como el documento de saldo y finiquito.

Además, el empleado tendrá derecho a permanecer en su puesto de trabajo y recibir el sueldo correspondiente hasta que finalice el periodo de preaviso.

Ahora bien, una vez haya cesado en su puesto laboral, este sujeto no tendrá derecho a recibir ninguna prestación por desempleo puesto que ha sido iniciativa suya el rescindir el contrato laboral que lo unía a la empresa donde desempeñaba sus funciones.

¿Qué cantidades deben de quedar liquidadas con el pago del finiquito?

  1. Parte proporcional de sueldo en función de los días trabajados y que se encuentran pendientes de cobro.
  2. El pago proporcional de pagas extras no prorrateadas, generadas, pero no percibidas en el momento del cese voluntario.
  3. Vacaciones no disfrutadas y pendientes de disfrutar, la empresa tiene la obligación de pagarlas.
  4. Horas extraordinarias que no hayan sido abonadas.
  5. Las dietas u otros extras que habitualmente se incluyan en la nómina y que no se hayan percibido en proporción a los días trabajados.

Posibles problemas relacionados con el finiquito:

A. La empresa no entrega o paga el finiquito.

En primer lugar, la vía adecuada sería la de realizar un requerimiento previo y directo a la empresa. Lo recomendable es hacerlo por escrito, con el fin de que sirva de quede constancia y prueba de esa reclamación.

Si la vía anterior no es efectiva, el trabajador dispondrá del plazo de un año para reclamar a través de la vía judicial. Dicho plazo empezará a contar desde el día en que se debería haber liquidado.

Por lo tanto, el plan de actuación a seguir sería en primer lugar presentar una papeleta de conciliación y posteriormente, si es necesario, una demanda ante los Juzgados de los Social.

B. No se está de acuerdo con el finiquito.

En este caso, a la hora de proceder a firmarlo, junto a la rúbrica habría que añadir la expresión “No conforme”.

C. Existe indemnización, pero no finiquito.

La indemnización solamente procederá cuando haya acaecido un despido (siempre y cuando no se trate de un despido disciplinario procedente) o cuando acaban cierto tipo de contratos.

En estos casos, que acabamos de plantear, también deberá cobrarse el finiquito pudiendo aparecer o no en el mismo documento que la indemnización.

En resumen, cuando un sujeto cesa voluntariamente en el ejercicio de su puesto de trabajo no tendría el derecho de ser indemnizado, pero sí a recibir el finiquito que le corresponda.

La principal justificación de esto sería que existen importes que, aunque en ese momento aún no se hayan cobrado, la empresa debe pagarlos, y si esto no es así podrá reclamarse dicha cantidad.

Aquí puedes consultar nuestros consejos para dimitir en tu trabajo

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Negligencia médica: ¿Cómo saber si se ha producido una?

Cada vez es más común leer en las noticias que ha tenido lugar algún tipo de negligencia médica, debido principalmente a la sobrecarga que sufren los sanitarios, todo ello acompañado de una falta de recursos materiales, lo que conjuntamente origina fallos a la hora de diagnosticar las diferentes patologías que puede presentar un paciente.

En consonancia, se ha producido un aumento de reclamaciones con respecto a años anteriores.

¿Qué es una negligencia médica?

Los profesionales sanitarios, entre ellos los médicos, deben ejercer su profesión bajo la denominada lex artis.

Esta podría definirse como aquellas reglas de carácter técnico que se fijan teniendo en cuenta los estándares aceptados por la comunidad científica, y a los que deben ajustarse los profesionales al llevar a cabo su profesión, teniendo en cuenta las condiciones y circunstancias en que hayan de desempeñarla y la situación del paciente en cada caso.

Representa la actuación diligente desde el punto de vista del caso específico y del estado de la técnica.

¿Cuándo podemos considerar que existe negligencia?

Para poder responder adecuadamente a esta pregunta hay que conocer la diferencia entre obligaciones de medios y obligaciones de resultado.

El Tribunal Supremo ha establecido que en los casos en los que acaece una negligencia médica, estaríamos ante una obligación de medios puesto que el médico tiene la obligación de ofrecer al paciente los medios adecuados y aplicar las técnicas correctas.

Además, tienen la obligación de poner en conocimiento del paciente la información necesaria que le permita consentir o rechazar una determinada intervención.

Debemos mencionar lo que la jurisprudencia ha fijado con el nombre de teoría de la oportunidad: los actos que realiza un profesional de la medicina y que han podido influir en el desarrollo de una enfermedad privando al paciente de oportunidad de curación.

El profesional médico responderá por sus actuaciones cuando éstas incidan de manera negativa en el paciente.

¿Cuáles son las negligencias médicas más frecuentes?

Podemos destacar las siguientes:

  1. Retrasos injustificados a la hora de aplicar al paciente el tratamiento que le corresponde
  2. Errores o dilaciones de tiempo a la hora de diagnosticar la enfermedad al paciente
  3. Falta de consentimiento informado

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la reparación del daño sufrido?

Los requisitos son:

  1. Que exista un daño en la integridad física o psíquica del paciente.
  2. La mala praxis, es decir, no actuar según protocolo sanitario.
  3. Nexo causal entre la lesión y el perjuicio causado así como la actuación sanitaria.

Aquellos daños que no pudieran prevenirse o evitarse no pueden conllevar una negligencia médica.

Si uno de estos tres requisitos no ocurre, no podríamos hablar de negligencia médica.

¿Cuáles son las vías para reclamar?

En Perea Abogados, lo primero que hacemos es un estudio de viabilidad, teniendo en cuenta la documentación relativa al asunto y remitimos los documentos clínicos a un perito médico.

Si esta negligencia ha tenido lugar en el ámbito de la sanidad pública, será necesario agotar previamente la vía administrativa antes de incoar la vía judicial.

Tanto el propio perjudicado como sus allegados (en caso de que el perjudicado haya fallecido) podrán reclamar ante el correspondiente Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma competente.

Si la negligencia médica se ha producido en el ámbito de la sanidad privada, se podrá reclamar directamente frente al hospital o aseguradora en vía civil.

En aquellos casos en los que se entienda que de la actuación de los profesionales sanitarios se incurre en un delito, se podrá acudir a la vía penal con el fin de conseguir la inhabilitación del facultativo, penas de multa o de prisión.

¿Hay algún plazo para exigir responsabilidades?

Sí, suele ser de un año, computado a partir del momento en que puede determinarse la totalidad del daño (secuelas) y no desde la fecha en la que se produjo el hecho.

Esperamos haberte ayudado.

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