Despido laboral: 3 razones por las que contar con un abogado laboralista

El momento de comunicar a un empleado que cesará su trabajo en la empresa es, quizás, uno de los más delicados que debe afrontar un directivo dentro de su trayectoria profesional. Para afrontar esta situación es necesario prepararse de forma adecuada y contar con un especialista en despidos de trabajadores.

El despido produce la extinción del vínculo laboral. Es la forma en la que se finaliza la relación contractual existente entre el trabajador y la empresa. Llegados a este punto, cómo le puede un abogado laboralista en el procedimiento de despido:

  • Asesoramiento sobre el tipo de despido: Según la justificación que se acredite por parte de la empresa para la destitución de un empleado, hay tres tipos diferentes de despido: despido objetivo, despido disciplinario y despido colectivo o ERE.
    Cada uno de ellos posee unos derechos y unas indemnizaciones propias para cada trabajador que su abogado laboralista le informará.
  • Elaboración de pre-aviso y de carta de despido: La carta de despido es el primer paso para iniciar el proceso de despido. Es la forma que la empresa comunica al trabajador que no seguirá formando parte de la misma. En ella se debe informar sobre los siguientes puntos: los motivos que justifican la decisión de despido y la fecha que se formalizará el despido, es decir, a partir de qué día finalizará su actividad en la empresa.
  • Tramitación del despido: El momento más duro y delicado, el momento del despido. Llegado a este punto es importante contar con un abogado laboralista para que sea él el que despida al trabajador de forma adecuada. Son especialistas en despidos de trabajadores. Y, además de despedir, ofrecen apoyo legal tanto a la empresa como al trabajador.

Además, en caso de que haya una demanda por parte del trabajador el abogado acudirá al juzgado en representación de la empresa. En algunas ocasiones, el trabajador despedido puede no estar de acuerdo con el tipo de despido que se ha producido, por ello, tiene el derecho de recurrir judicialmente para impugnar la decisión tomada por la empresa.

Si el trabajador no consigue un acuerdo con la empresa, será la justicia la que decida la validez o no de esta destitución y declarará el despido como:

  • Despido procedente (considera que es un despido legal por causas objetivas)
  • Despido improcedente (considera que el despido no se ha realizado correctamente, puede que solo sean los aspectos formales del despido o que no hayan suficientes razones para el despido)
  • Despido nulo (considera que el despido se ha producido de forma injustificada).

¿Porqué contratar a un abogado laboralista para la tramitación de los despidos de su empresa?

En este artículo les ofrecemos algunas de las razones por las que contratar a un abogado laboralista para la tramitación de los despidos de su empresa. Puede realizar éste delicado proceso de forma rigurosa con el apoyo de un equipo de abogados especialistas en despidos, que le asesorará durante todo el proceso y tramitará personalmente el despido, si así lo solicita. Cuente con Perea Abogados, abogados laboralistas especializados en despidos en Madrid.

¿Dónde jugaría el Barça si Cataluña consigue la independencia?

Es algo que la gente habla, en algunos casos provoca risas y en otros preocupación. Estos últimos normalmente son aficionados del Barcelona. La ley del deporte es tajante en este sentido y el Barça no podría jugar en la liga española. El texto establece que le único estado que puede jugar en competiciones nacionales es Andorra. El Barça y otros equipos de primera como el Espanyol  y el Girona tendrían que competir en una nueva liga catalana o en otras ligas europeas con las que llegar a un acuerdo.

La segunda opción se antoja complicada y la primera tendría como resultado una liga catalana formada por solo tres equipos de primera y 17 rescatados de segunda e incluso tercera división. Las enormes diferencias en los presupuestos de estos equipos ofrecerían una liga muy dispar y poco atractiva para las marcas que invierten en eventos deportivos de alto nivel. Sería sin duda una liga legalmente establecida pero probablemente poco rentable. En contra de esta opinión, Gerard Esteva, presidente del Comité Olímpico Catalán y de la UFEC (Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña), “a nivel económico tenemos estudios que demuestran que las federaciones catalanes podrían tener hasta 93 millones de euros  más de ingresos al año que en una Cataluña autonómica”.

El hecho, es que la ley del deporte los dejaría fuera, quedándoles una liga catalana de primera división con muchos equipos de categorías inferiores. Las repercusiones legales que pueden afectar a las entidades deportivas tras la secesión son múltiples. Incluso las posibles reclamaciones que pueda hacer la federación o la propia liga por perjuicios de distinta índole.

Los 20 de una posible liga tras la secesión:

Barcelona (1ª División)

Espanyol (1ª División)

Girona (1ª División)

Gimnástic de Tarragona (2ª División)

Reus (2ª División)

Llagostera (2ª División B)

Peralada (2ª División B)

Lleida (2ª División B)

Badalona (2ª División B)

Olot (2ª División B)

Cornellá (2ª División B)

Sabadell (2ª División B)

L’Hospitalet (3ª División)

Prat (3ª División)

Santfeliuenc (3ª División)

Figueres (3ª División)

Horta (3ª División)

Terrasa (3ª División)

Europa (3ª División)

Castelldefels (3ª División)

Empezamos una nueva época

blog

Después de un tiempo sin escribir y tener desatendido el blog, vamos a reanudar la actividad de este blog a partir de hoy.

Ademas podréis ver que tenemos nueva web del despacho de la cual es ahora parte este blog.

Hemos incorporado el archivo antiguo con las entradas anteriores, pues creemos que pueden ser de interés para nuestros lectores.

Esperamos aportaros temas de interes y que os sirvan.

¡Gracias por leernos!

 

“LA REFINANCIACIÓN DE LA DEUDA PREVIO AL CONCURSO DE ACREEDORES”

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Ya tenemos aquí una nueva edición de nuestros “Desayunos Legales”, y tendrá lugar el próximo viernes 28 de junio de 2013 con el título,

“LA REFINANCIACIÓN DE LA DEUDA PREVIO AL CONCURSO DE ACREEDORES”

En estos tiempos tan convulsos es necesario que empresarios y directivos puedan conocer que medidas pueden adoptar para la refinanciación de la deuda de sus empresas, como alternativa al concurso judicial de acreedores.

HABLAREMOS SOBRE: 

  • Alternativas para empresas en situación de insolvencia
  • Análisis de situaciones de desequilibrio financiero en la empresa
  • Refinanciación como alternativa al concurso
  • Fórmulas de refinanciación

Dirigido a: Empresarios y emprendedores, Administradores de empresas, Consejeros y Directivos, Directores Financieros.

Lugar: Oficina Perea Abogados

Paseo de la Castellana, 127 – 1º A (entrada por c/ Pintor Juan Gris), Madrid

Fecha: Viernes, 28 de junio de 2013

Programa:

9,45 hs. Recepción asistentes

10,00 a 11,00 hs. Exposición del tema

11 a 11,30 hs. Debate-coloquio

Moderador del Desayuno: Antonio Perea, Abogado.

Inscripciones: Gratuita

Rogamos confirmen su asistencia en el teléfono 91 574 81 39 o enviando un email a madrid@perea-abogados.com

Transportes:

Parking Público: Pza. de Cuzco
Metro: Cuzco (Línea 10), Colombia (Líneas 8 y 9)
Autobuses: 150, 147, 40, 27, 14, 11, 7 y circular
Tren de cercanías: Nuevos Ministerios

 

Medidas para reformar la protección de los deudores hipotecarios

ejecucion_hipotecariaEl pasado 15 de mayo, al fin, el Gobierno, dio a luz la tan polémica y a la vez, necesitada Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Polémica porque la iniciativa legislativa popular de la dación en pago, quizá la medida más populista y llamativa, no ha sido contemplada en esta Ley, y porque esta Ley, no soluciona nada con los ya ejecutados judicialmente, ¿muy tarde?.

La Ley cuenta con 4 capítulos, el primero de ellos, tiene como finalidad la suspensión inmediata y por plazo de dos años de los desahucios de familias, eso sí, que cumplan ciertos requisitos, como lo hacen llamar, familias de de situación especial de riesgo de exclusión. Afectara esta medida, a cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el que el acreedor se adjudique la vivienda habitual de las personas pertenecientes a determinados colectivos. Lo que se pretende, es que no proceda el lanzamiento que culminaría con el desalojo de las familias.

La suspensión del lanzamiento está supeditada a dos tipos de requisitos, el primero, cumplir con los colectivos sociales que pueden acogerse, a saber:

a)     Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente

b)    Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo

c)     Unidad familiar de la que forme parte un menor de 3 años

d)    Unidad familiar en la

 que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral

e)     Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vinculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.

f)      Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente, en caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituye su domicilio habitual.

Además de estos supuestos especiales, deberán concurrir las siguientes circunstancias económicas:

a)     Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador  Público de Renta de Efectos Múltiples. Dicho límite será de cuatro veces el Indicador Público de

Renta de Efectos Múltiples en los supuestos previstos en las letras e) y f), y de cinco veces en el caso de que el ejecutado sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%,  o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

b)    Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

c)     Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

d)    Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concebido para la adquisición de la misma.

Otra de las características para estos deudores es que,  si la deuda no ha podido ser cubierta con la vivienda habitual, esta, no devengue más interés de demora que el resultante de sumar a los intereses remuneratorios un dos por cien so

bre la deuda pendiente.

En el capitulo segundo de la Ley 1/2013 se producen modificaciones de la Ley Hipotecaria. La modificación más significativa es el hecho que las hipotecas constituidas sobre vivienda habitual, se limitaran los intereses de demora que pueden exigir las entidades de crédito a tres veces el interés legal del dinero.

El notario, en ventas extrajudiciales tiene la posibilidad de suspender dicha venta, cuando las partes acrediten que se ha solicitado al órgano judicial competente, de forma prevista en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria,  que dicte resolución decretando la improcedencia de dicha venta, por existir cláusulas abusivas en el contrato de préstamo hipotecario, o su continuación sin la aplicación de las cláusulas abusivas. Además el notario está facultado para advertir a las partes que alguna de las cláusulas puede ser abusiva.

El capítulo tercero establece modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil, como gran medida, establece la posibilidad de que si tras la ejecución hipotecaria de una vivienda habitual aún quedara deuda por pagar, durante el procedimiento de ejecución dineraria posterior, se podrá condonar parte del pago de la deuda remanente, siempre que se cumpla con ciertas obligaciones de pago. Otra modificación es que, se permite al deudor que participe de la eventual revalorización futura de la vivienda ejecutada.

Existen en este capítulo también ciertas mejoras en el procedimiento de subasta, estableciendo el valor de la tasación a efectos de la misma, un suelo del 75% del valor de la tasación que sirvió para conceder el préstamo. En caso de que la subasta concluya sin postor alguno, se incrementan los porcentajes de adjudicación del bien, en concreto, se elevaría del 60 % hasta un máximo del 70%, siempre para los supuestos de vivienda habitual.

El capítulo cuarto modifica el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, tanto en lo que afecta al ámbito de aplicación, como en lo relativo a las características de las medidas que pueden ser urgentes.

Por último, y también reseñable, es que esta Ley, incluye un mandato al Gobierno para que, junto con el sector financiero, impulsen las medidas adecuadas para la constitución de un fondo social de viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario. Esta medida  a simple vista parece una quimera, pero quién sabe, cosas más raras se han visto.

Javier Hernández

jhernandez@perea-abogados.com

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