La actividad que realizan este tipo de empresas genera muchas dudas entre los consumidores y nos hace preguntarnos si son completamente legales. La función de estas es hacer de intermediarias entre la empresa acreedora y el consumidor para el cobro de una deuda de este último.
En España, no existe legislación específica que regule a este tipo de empresas, por lo que son el Código Civil, la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios y la Ley de Protección de Datos, entre otras, las que se encargan de marcar los límites en las actividades de las empresas de recobro.
¿Es legal que cedan mis datos a una empresa de recobro?
Si una empresa cede los datos de un particular a un tercero para poder cobrar la deuda que tiene con él se considera una práctica legal, no obstante, debe de hacerse respetando unos principios y derechos básicos.
Con esto nos referimos, primeramente, a que se requiere la firma de un contrato entre la empresa acreedora y la empresa de recobro para iniciar el cobro de la deuda. Por ello la empresa acreedora debe tener el consentimiento del deudor para el tratamiento de sus datos personales.
Por consiguiente, la empresa acreedora es la responsable de los datos del deudor y la de recobro será la que se ocupe de su tratamiento. A este respecto, no existirá una cesión de datos a la empresa de recobro y por ello no necesitarán el consentimiento del titular para su tratamiento, será la empresa acreedora la que tenga que cumplir con su deber de legitimación e información para el tratamiento de los datos de la persona deudora en cuestión.
¿Qué características tiene que tener la deuda para poder ser cobrada?
La deuda, debe ser exigible, cierta y estar vencida. Si se diese el caso en que esta no exista o que este pendiente de un proceso judicial, no será factible recuperarla ni añadir al deudor en un fichero de morosos. En el supuesto que la empresa de recobro reclame esa deuda, será perfectamente viable denunciarlo ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Para saber que podemos reclamar, con respecto a los daños que se han producido, debido a la llegada del temporal “Filomena”, en primer lugar, deberíamos contactar con nuestro seguro, e informarnos de que situaciones nos cubre, dependiendo de si lo tenemos a terceros o a todo riesgo.
En segundo lugar, después de este proceso, tendríamos que atender a la Cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros de las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios en seguros con coberturas combinadas de daños a personas y en bienes y de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, que establece lo siguiente:
En el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, el tomador de un contrato de seguro de los que deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.
Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España, y que afecten a riesgos en ella situados y, en el caso de daños a las personas, también los acaecidos en el extranjero cuando el asegurado tenga su residencia habitual en España, serán pagadas por el dicho Consorcio cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las situaciones que dejamos a continuación.
Situaciones:
Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.
Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros.
Acontecimientos extraordinarios cubiertos por el Consorcio
Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos; inundaciones extraordinarias, incluidas las producidas por embates de mar; erupciones volcánicas; tempestad ciclónica atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 120 km/h y los tornados); y caídas de cuerpos siderales y aerolitos.
Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.
Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.
Para finalizar desde Perea abogados extendemos nuestra invitación a asesorarte y que sea un abogado civilista especializado en reclamaciones quien te asesore de forma personalizada, atendiendo a cada una de las particularidades tu caso en concreto, para que a la hora de acudir a las diferentes entidades estés respaldado y bien informado.
La Ley de Segunda Oportunidad es un actor relativamente nuevo en la legislación española, ya que fue aprobada en el año 2015 y su propósito es el de exonerar de sus deudas a las personas que se encuentran en una situación económica apremiante. La regula la Ley 25/2015, del 28 de julio. El proceso que propone es muy similar al que recurren las empresas cuando se declaran en bancarrota, con la ventaja de que pueden ampararse en él las personas particulares y los autónomos.
Veamos cómo funciona y cuáles son los requisitos para poder apelar a la Ley de Segunda Oportunidad.
Mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad
El propósito de La Ley de Segunda Oportunidad es el de poder aliviar económicamente a la persona que mantiene deudas, pero cuya situación financiera le hace prácticamente imposible afrontarlas. Se irá planteando una serie de negociaciones entre el deudor y el acreedor. Si no se llega a acuerdo alguno, el juez tiene la potestad de cancelar o de exonerar al deudor de su pago.
Con la finalidad de aligerar la carga financiera del deudor, la ley en cuestión habilita la renegociación de la deuda. Esto implica que el deudor y el acreedor lleguen a un nuevo acuerdo que estipule de qué forma se reintegrará el importe adeudado.
Dónde se renegocian las deudas bajo el amparo de la Ley de Segunda Oportunidad
Dependiendo de si es un particular o un empresario quien desee ampararse en esta ley, es el organismo al que le competerá llevarla adelante:
Juzgados de Primera Instancia: se encarga de llevar a cabo las solicitudes de los particulares.
Vía mercantil: es el camino para ampararse en esta ley si somos empresarios.
Requisitos para recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad
Los requisitos para beneficiarse de esta ley son dos:
1 – Acreditar la imposibilidad de hacerse cargo de la deuda
2 – Demostrar que se ha procedido de buena fe
Con respecto al primer requisito, es necesario probar que, a los efectos de cancelar la deuda frente a los acreedores, se ha recurrido a liquidar todo el patrimonio en el concurso y que se les ha pagado a los acreedores todo lo posible.
En lo referente a actuar de buena fe, existe un conjunto de preceptos en los que el juez se basará para decidir si la persona ha procedido de forma tal. Tales supuestos implican que el deudor ha hecho lo siguiente:
Intento de negociación: significa que ha hecho todo lo posible por llegar a un acuerdo con su acreedor en la etapa previa a dar inicio al concurso.
La insolvencia no ha sido provocada adrede: este es un punto muy importante, ya que el juez no le otorgará el amparo de la Ley de Segunda Oportunidad a aquel deudor que haya vendido o transferido a otra persona su patrimonio con el propósito de provocar su insolvencia y así recurrir a la protección de la ley.
No se ha amparado en esta ley en los diez años previos: no es posible recurrir al beneficio de esta ley dos veces en un período de diez años.
No ha rechazado un empleo: una estrategia a la que los deudores suelen apelar y acerca de la cual los jueces indagan, es el rechazo de un trabajo acorde a las capacidades del deudor. Si la persona rechazara un trabajo tal, se asumirá que lo hizo para no contar con los recursos necesarios para cancelar la deuda.
No haber cometido delitos económicos: no se admitirá que el deudor haya perpetrado delitos de índole económica de ningún tipo.
Deudas que se pueden cancelar de acuerdo a la ley
La Ley de Segunda Oportunidad no habilita la exoneración de toda clase de deudas. Para ampararte en ella, tus deudas deben estar incluidas dentro de los siguientes grupos:
Deuda pendiente después de una subasta
Deuda pendiente después de la ejecución de un inmueble
Si tomamos como ejemplo una hipoteca de ochenta mil euros y cuyo inmueble el banco subasta en cincuenta mil euros, la Ley de Segunda Oportunidad serviría para cancelar los treinta mil euros de diferencia que le queden al deudor.
Las deudas que no se pueden cancelar mediante esta ley son:
Las contraídas con la Seguridad Social.
Las contraídas con la Agencia Tributaria.
Medidas urgentes ¿Tendré que pagar el alquiler de mi vivienda o negocio durante el estado de alarma?
La declaración del estado de alarma no
sólo ha provocado el confinamiento de los ciudadanos en sus casas, sino también
el cierre de muchos locales comerciales y el parón económico del cual ya hemos
hablado anteriormente en otros post de esta campaña
#vacunatunegociocontraelcoronavirus, frente a esta situación, y ante el
inminente de pago de la renta de estos inmuebles, o bien de una vivienda particular
si el inquilino ha sido despedido de su trabajo, son muchos los que se
preguntan si podrían lograr una rebaja del arrendador o dejar de pagar el
alquiler hasta que se levante el estado de alarma en el país.
Pues bien, nuestro
ordenamiento prevé una figura que podría activarse en los casos en los que, por
causa de la pandemia, el arrendatario no pueda hacer frente al pago de la
renta. Se trata de la cláusula rebus sic stantibus, el mismo
permite, modificar un contrato de alquiler para reducir el importe acordado,
aplazar el pago o, incluso, suspenderlo.
En la sentencia del Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, S 30-06-2014, se indican varios
puntos de interés que avalarían aplicar la cláusula “rebús” a la situación de
pandemia de coronavirus, por lo que de ello se pueden deducir las siguientes
reglas aplicables a la situación provocada por el coronavirus:
1.- La aplicación de la cláusula, en rigor, no supone una ruptura o singularidad respecto de la regla preferente de la lealtad a la palabra dada, ni tampoco de la estabilidad o mantenimiento de los contratos.
2.- Esto quiere decir que en estos casos de pandemia no quiere decirse que la aplicación de la “Rebus” suponga romper el “pacta sunt servanda”, porque quien queda afectado por el virus en su relación con lo pactado quería cumplirlo, pero la imprevisibilidad y ajenidad de la pandemia le impide hacerlo, o, al menos, en la manera como se pactó.
3.- Cuando, fuera de lo pactado y sin culpa de las partes y de forma sobrevenida, las circunstancias que dotaron de sentido la base o finalidad del contrato cambian profundamente, las pretensiones de las partes, lo que conforme al principio de buena fe cabe esperar en este contexto, pueden ser objeto de adaptación o revisión de acuerdo al cambio operado.
El deudor no quiere “liberarse” de
cumplir su obligación por la circunstancia del coronavirus. No quiere
“aprovecharse de ella”, sino que quiere cumplir cuando pueda, y cuando de lo
que se le “libere” es de los efectos del virus, en los contratos que se han
celebrado entre las partes.
Además de esto, el 31 de marzo de 2020 el Gobierno ha previsto
una serie de ayudas sobre el alquiler,
microcréditos, hipotecas y más, para ayudar a paliar esta situación.
Aplazamiento en el pago de la renta:
El RDL 11/2020 establece un sistema para el aplazamiento, o incluso
condonación, del alquiler de vivienda habitual, con el fin de “ayudar a los inquilinos que se vean en
situación de vulnerabilidad debido al coronavirus, garantizando, al mismo
tiempo un equilibrio entre las partes que impida que la vulnerabilidad de los
inquilinos sea trasladada a los arrendadores, especialmente a aquellos para los
que los ingresos generados por la renta del alquiler pueden ser esenciales,
teniendo en cuenta además que el 85% de los arrendamientos de vivienda el
propietario es una persona física”.
Prohibición de desahucios:
Se suspenden
los desahuciospor alquiler para
las personas vulnerables durante seis meses y se aprueba una prórroga de 6
meses para los contratos que estén a punto de vencer.
Ayudas para el alquiler de la vivienda:
Se implementarán microcréditos estatales
al 0% y sin comisión. Las personas que se acojan a este microcrédito podrán
devolver el dinero en un plazo de seis años, sin embargo, este podría ser
ampliable por cuatro años más, llegando al plazo de diez años para poder realizar el pago en su totalidad.
Si eres es un autónomoy no llega al límite de tres veces el IPREM, usted también
podrá acogerse a microcréditos.
Prestaciones específicas para aquellos
dueños de negocios que vean su facturación mermar en un 75% respecto al semestre anterior, desde la adopción del estado
de alarma.
¿Quién podrá solicitar esta ayuda?
Las personas en supuesto de vulnerabilidad económica debida al
coronavirus que, en el mes anterior a la solicitud del aplazamiento pasen a
estar:
– En situación de desempleo.
– Dentro de un ERTE.
– Hayan reducido su jornada por motivo de cuidado de mayores o menores.
– En caso de ser empresario, u otras circunstancias similares, se sufran una pérdida sustancial de ingresos.
Prohibición de cortes de suministros
Se dio a conocer
de igual forma, que los cortes energéticos y de agua en la vivienda habitual
estarán prohibidos mientras esté en vigor el estado de alarma.
Se amplía también el bono social para que las
personas que queden en situación de vulnerabilidad, como trabajadores afectados
por despidos o autónomos que hayan tenido que cesar en su actividad, puedan
acogerse a él.
Hipotecas
Se ha anunciado que se amplía a tres meses la
moratoria en el pago de hipoteca para aquellas personas que hayan perdido su
empleo o hayan visto reducidos sus ingresos frente al mes que contemplaba hasta
ahora.
Y por último, pero no menos importante se amplía la
moratoria a los autónomos: Para compatibilizar esta nueva moratoria con la
hipotecaria, se ha procedido a ajustar el régimen de acreditación. Así, las
entidades no deben tener en cuenta la aplicación de una posible moratoria
hipotecaria a efectos de calcular si se ha alcanzado o no el límite de la carga
del 35% de los ingresos.
Recuerde que no está solo, cuenta con esta serie de
medidas y con Perea Abogados pues estamos comprometidos con usted, su bienestar
y el de su familia y su negocio. Ante situaciones de incertidumbre mejor es
prevenir que lamentar, si tienes alguna otra pregunta no dudes en contactar con
nosotros o bien dejarla abajo en comentarios.
El Tribunal Regional de Hannover en Alemania ha dictado la primera sentencia que condena a la empresa MAN, uno de los fabricantes de camiones que entre 1997 y 2011 actuó como cártel, pactando y encareciendo los precios a los clientes, a indemnizar al ayuntamiento de Gottingenal por la compra de camiones que realizó en el periodo que operó el cártel. Se trata de una noticia esperanzadora para todos aquellos afectados que compraron en España un camión de éste fabricante en éste periodo.
La primera sentencia favorable a los transportistas afectados por el denominado cártel de fabricantes de camiones ha llegado. La sentencia, que ha sido dictada por el Tribunal Regional de Hannover, condena a la empresa MAN Truck & Bus Deutschland GmbH a indemnizar a la ciudad alemana de Gottingenal por la compra que ésta hizo de siete camiones entre los años 2004 y 2010.
«Esta sentencia aumenta la probabilidad de éxito de nuevas sentencias favorables a los afectados del cártel de los camiones en España»
Se trata de una sentencia que ha sido dictada en Alemania y, por tanto, no resulta vinculante en España, pero ésta se acoge a las normativas internas de la Unión Europea, que sí afectan a todos los países miembros. Por lo tanto, como Alemania y España están amparadas dentro del mismo marco regulatorio las expectativas de nuevas sentencias favorables para aquellos afectados que reclamaron en nuestro país son muy altas. De modo que, las indemnizaciones serán también muy similares en España.
«El plazo para reclamar los sobrecostes que el cártel de los camiones provocó a los afectados finaliza el 8 de abril de 2018»
Una noticia que da esperanzas a los miles de transportistas afectados en España que han presentado una reclamación de daños y perjuicios contra el cártel de fabricantes de camiones. Se calcula que sólo en España existen más de 2.000 vehículos afectados por el sobrecoste de este cártel. Para todos aquellos que todavía no lo han hecho aún están a tiempo, el plazo de reclamación finaliza el próximo 8 de abril de 2018.
Perea abogados, abogados especialistas en reclamaciones
Desde Perea Abogados, abogados especialistas en reclamaciones, gestionamos reclamaciones de indemnizaciones de diferentes ámbitos. Si usted es uno de los miles de afectados por el cártel de los fabricantes de camiones y, todavía no ha presentado su reclamación, póngase en contacto con nosotros y agilizaremos todos los trámites para que recupere el dinero invertido en su camión o flota de camiones.
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