Sociedades inactivas: qué son y cómo funcionan

Una sociedad inactiva es una empresa o sociedad que, aunque está registrada legalmente, no está llevando a cabo actividades económicas o comerciales en un momento determinado.

Esto no significa que la sociedad haya desaparecido, sino que simplemente no está funcionando en términos operativos.

¿Por qué una sociedad puede estar inactiva?

Existen diversas razones por las que una sociedad puede decidir no operar temporalmente.

Algunos de los ejemplos más comunes son:

  • Pausa estratégica: Los dueños pueden querer suspender las actividades para reorganizarse o replantear su modelo de negocio.
  • Proyectos detenidos: A veces, una empresa se constituye para desarrollar un proyecto, pero este se retrasa o no llega a ejecutarse.
  • Protección del nombre comercial: Algunos empresarios crean sociedades solo para proteger un nombre o marca, aunque no las utilicen de inmediato.
  • Falta de recursos: Puede que la sociedad no tenga capital o personal para operar.
  • Cierre pendiente: en otros casos, la empresa está en proceso de disolución.

¿Qué sucede cuando una sociedad está inactiva?

Hay varios aspectos importantes a considerar:

  1. Obligaciones fiscales: muchas legislaciones exigen que las sociedades inactivas sigan presentando ciertas declaraciones fiscales (como «sin actividad») y manteniendo sus libros contables actualizados.
  2. Gastos mínimos: Seguir registrada implica costos administrativos mínimos, como tasas de mantenimiento o gastos por el registro mercantil.
  3. Reactivación: En cualquier momento, se puede reactivar la sociedad.

Diferencias entre sociedad inactiva y cerrada

No se puede confundir una sociedad inactiva con una sociedad cerrada o disuelta.

Una sociedad inactiva sigue existiendo legalmente, mientras que la cerrada ya no tiene vida jurídica ni obligaciones.

Obligaciones contables de una sociedad inactiva

Estas son algunas de las obligaciones que tienen:

  • Según el Código de Comercio, mientras la sociedad esté inscrita en el Registro Mercantil, está obligada a llevar una contabilidad adecuada
  • También debe seguir presentando las cuentas anuales

Obligaciones fiscales de una sociedad inactiva

Tienen que cumplir con lo siguiente:

  • Presentación del Impuesto de Sociedades, hasta que la entidad se liquide y se extinga
  • Hay algunos impuestos como el IVA que no debe presentar al estar inactiva

En resumen, una sociedad inactiva no es más que una pausa en las actividades de una empresa, pero no significa que haya desaparecido.

Comprender su funcionamiento y obligaciones puede ayudarte a gestionar mejor tus recursos y decisiones empresariales.

Si quieres descubrir qué es una sociedad holding y como puedes constituirla, pincha aquí!

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El derecho de información del accionista: ¿en qué consiste?

El derecho de información del accionista es uno de los derechos fundamentales que tienen las personas que poseen acciones en una empresa.

Básicamente, les permite solicitar y recibir información relevante sobre la sociedad, para que puedan tomar decisiones informadas en las juntas generales o sobre los asuntos que les afecten como propietarios.

¿Por qué es importante?

Este derecho asegura la transparencia y evita que los accionistas se sientan en desventaja frente a otros, especialmente en temas importantes como:

  • el estado financiero de la empresa
  • decisiones estratégicas
  • cualquier cuestión que impacte su inversión

¿Qué incluye?

La Ley de Sociedades de Capital establece que el derecho de información del accionista puede ejercerse en diferentes momentos y de las siguientes maneras:

a) Antes de la Junta General

  • Los accionistas tienen derecho a solicitar información sobre los asuntos incluidos en el orden del día de la junta.
  • La sociedad está obligada a responder antes de la celebración de la junta o, en algunos casos, durante esta.
  • En sociedades cotizadas, la documentación relacionada con la junta (cuentas anuales, informes, propuestas de acuerdos, etc.) debe estar disponible de forma anticipada, generalmente a través de la web corporativa.

b) Durante la Junta General

  • Los accionistas pueden hacer preguntas sobre los puntos tratados en la reunión.
  • Los administradores están obligados a responder, salvo que hacerlo pueda perjudicar los intereses de la sociedad o sea información confidencial.

c) Acceso a libros y documentos

  • S.L.: los socios con al menos un 5% del capital social pueden examinar directamente la contabilidad y otros documentos de la empresa.
  • S.A.: este derecho suele estar más limitado, y se ejerce principalmente mediante las peticiones formales de información en las juntas.

Límites del derecho de información

Aunque es un derecho importante, la LSC establece ciertas limitaciones:

  • Ejercicio adecuado: En casos de abuso de este derecho, el accionista podría ser sancionado o su solicitud rechazada.
  • Protección de secretos empresariales: Los administradores pueden denegar información si divulgarla afecta los intereses estratégicos de la empresa.
  • Proporcionalidad: Las solicitudes de información deben ser razonables y estar relacionadas con los asuntos de la sociedad.

¿Qué sucede si la sociedad niega información injustificadamente?

En las sociedades cotizadas (aquellas que operan en bolsa), la regulación es más estricta para proteger a los inversores minoritarios y garantizar la transparencia en la gestión empresarial.

Estas sociedades están obligadas a publicar información financiera de manera periódica, incluyendo datos relevantes sobre su situación económica, resultados trimestrales o anuales y cualquier hecho significativo que pueda influir en el valor de las acciones.

Este nivel de detalle asegura que todos los accionistas, independientemente de la cantidad de acciones que posean, puedan acceder a la información necesaria para tomar decisiones fundamentadas sobre su inversión.

Para facilitar este acceso, la difusión de dicha información debe realizarse a través de canales oficiales previamente establecidos, como la página web corporativa o los comunicados a los organismos reguladores del mercado.

Si una sociedad se niega a proporcionar información sin justificación válida, los accionistas pueden recurrir a instancias legales para hacer valer este derecho. En casos graves, la falta de transparencia puede derivar en sanciones para la empresa o sus administradores.

En resumen, este derecho es una herramienta clave para que los accionistas puedan proteger sus intereses y participar activamente en la vida de la empresa. Entenderlo y ejercerlo adecuadamente es fundamental para garantizar una gestión empresarial transparente y justa.

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Así se disuelve una sociedad

La disolución es la primera fase del proceso de cierre de una empresa.

Cuando se disuelve, la sociedad deja de operar, pero aún debe pasar por la liquidación, un proceso en el que se cancelan las deudas, se distribuyen los activos entre los socios y se cierran los compromisos pendientes.

Una vez completado este proceso, se inscribe la extinción en el Registro Mercantil y la sociedad desaparece definitivamente.

¿Cuándo se debe disolver una sociedad?

La Ley establece varias causas para disolver una sociedad:

  • Fin del plazo de duración de la sociedad (si estaba establecido en los estatutos).
  • Si la sociedad se constituyó para un proyecto específico y este ya se completó.
  • Si el consejo de administración no puede tomar decisiones por falta de acuerdo entre los socios.
  • Cuando el patrimonio neto queda por debajo de la mitad del capital social.
  • Si ya no se puede cumplir la actividad para la cual se creó la empresa.
  • Si los socios deciden por mayoría (o según lo establecido en los estatutos) disolver la sociedad.

¿Qué pasos se deben seguir para disolver una sociedad?

  • Convocatoria de Junta General y acuerdo de disolución

La disolución de una sociedad debe ser acordada en una Junta General de socios. Para esto, el administrador debe convocar la junta y proponer la disolución como uno de los puntos a tratar.

La decisión se toma por mayoría (según los estatutos), y debe quedar reflejada en un acta notarial.

  • Nombramiento del liquidador

Una vez acordada la disolución, se nombra a uno o varios liquidadores, quienes se encargarán de la liquidación de la empresa.

El liquidador toma el control de la sociedad, reemplazando a los administradores, y asume la responsabilidad de los siguientes pasos.

  • Proceso de liquidación

La liquidación consiste en vender los activos, pagar las deudas y distribuir el capital restante entre los socios, se divide en: 

  1. Inventario y balance. El liquidador hace un inventario de todos los activos y pasivos, y elabora un balance inicial de liquidación.
  2. Pago de deudas. Se utiliza el patrimonio de la sociedad para liquidar todas las deudas pendientes con empleados, acreedores, Hacienda, y Seguridad Social.
  3. Distribución del remanente. Una vez pagadas todas las obligaciones, si queda algún patrimonio, se distribuye entre los socios según su participación en la sociedad.
  • Inscripción de la disolución en el Registro Mercantil

El liquidador debe presentar la escritura de disolución ante el Registro Mercantil para inscribir formalmente la disolución y dejar constancia de la liquidación realizada.

Este documento incluye el acta de la junta de disolución, el nombramiento de liquidadores, y la certificación de liquidación.

  • Baja fiscal y en la Seguridad Social

Una vez inscrita la disolución, es necesario dar de baja a la sociedad, por un lado en la Agencia Tributaria (Hacienda), para cancelar todas las obligaciones fiscales, y por otro, en  la Seguridad Social, para dar de baja a los trabajadores y cancelar cualquier otra obligación.

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El derecho de defensa del acreedor en el concurso

¿Qué conlleva el derecho de defensa del acreedor en un concurso de acreedores?

El derecho de defensa del acreedor en el concurso es el conjunto de facultades y garantías legales que permiten al acreedor proteger sus intereses y derechos de cobro dentro de un proceso concursal.

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial que se activa cuando una persona física o jurídica no puede cumplir con sus obligaciones de pago.

Los acreedores tienen ciertos derechos para asegurar que sus intereses sean considerados y defendidos.

Derechos de acreedor en el concurso

  • Derecho de comunicación y notificación: Desde que el deudor solicita el concurso o se declara en concurso de acreedores, estos deben ser informados del inicio del procedimiento.
  • Derecho a la clasificación y verificación de créditos: Los acreedores deben comunicar sus créditos para que puedan ser reconocidos y clasificados en el concurso. Los créditos se clasifican generalmente en: 
    • Créditos privilegiados (con derecho preferente sobre otros acreedores, como los garantizados por hipoteca).
    • Créditos ordinarios (que no tienen preferencia pero tampoco están subordinados)
    • Créditos subordinados (que se pagan después que otros)

Esta clasificación influye en el orden de pago, lo cual es clave para la defensa de los intereses del acreedor, quien puede impugnar su clasificación si considera que es incorrecta.

  • Derecho de impugnación: Si el acreedor no está de acuerdo con la lista de acreedores o la clasificación de su crédito, puede impugnar esta decisión ante el juez del concurso.
  • Derecho a participar en la junta de acreedores: Los acreedores tienen derecho a participar en la junta de acreedores, donde se discute y vota el plan de pago o convenio.
  • Derecho de voto: En la junta de acreedores, los acreedores reconocidos pueden ejercer su derecho de voto, influyendo en la decisión sobre el plan de reestructuración o, en su caso, la liquidación de los bienes del deudor. Este derecho está condicionado por el tipo de crédito y su clasificación.
  • Derecho a recibir el pago conforme a la clasificación de sus créditos: El proceso concursal busca repartir los bienes del deudor de manera ordenada. Los acreedores tienen derecho a recibir el pago en el orden establecido según su categoría.
  • Derecho de información continua: Los acreedores pueden solicitar información sobre el estado del procedimiento y la evolución del activo y pasivo del deudor.

El derecho de defensa del acreedor en el concurso busca que el proceso sea justo y transparente, protegiendo los intereses de los acreedores mediante derechos de participación, comunicación, clasificación correcta de sus créditos, impugnación y voto.

Estos derechos ayudan a minimizar las pérdidas potenciales del acreedor en un procedimiento en el que, debido a la insolvencia del deudor, la recuperación total de la deuda no siempre es posible.

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