Nuestro socio director Antonio Perea ha colaborado con el diario «contexto y acción», aportando su opinión al respecto del traslado del Club Atlético de Madrid al nuevo estadio Metropolitano, y los problemas jurídicos existentes.
La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que falla en contra del plan urbanístico previsto en el ámbito Mahou-Calderón aprobado en 2014 por el Gobierno municipal de Ana Botella, no va a impedir que el Atleti se traslade la próxima temporada al nuevo estadio, ni tampoco que se ejecute la última propuesta presentada para la zona por el actual consistorio madrileño, presidido por Manuela Carmena. De su realización depende que el Consejo del club obtenga los beneficios económicos necesarios para compensar el crédito pedido para terminar las obras del Wanda Metropolitano. El fallo del TSJM, que se une al que también anuló el acuerdo de la corporación de 2009 que comandaba Ruiz Gallardón, pone en evidencia las innumerables irregularidades cometidas por las administraciones públicas durante todo el proceso.
La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid vigente en 2014 prohibía que se construyera en ese área edificios que superaran las tres alturas más ático salvo que se justificara un carácter singular de la obra. Los responsables políticos de la época intentaron agarrarse a esa posibilidad presentando un proyecto que llamaron “Puerta del Sur”, que constaba de nueve rascacielos, pero el Tribunal no lo ha aceptado, y ha otorgado la razón en su totalidad a la asociación de seguidores atléticos que presentó el recurso, Señales de Humo.
En medio del procedimiento, la Comunidad aprobó en diciembre de 2015, a propuesta de Ciudadanos, una modificación de la Ley de Suelo en la que se derogaba la limitación de alturas y se proponía que tuviera efectos retroactivos para que el plan presentado hace un año tuviera validez. El TSJM no lo ha tenido en cuenta.
El planteamiento original del Atleti era que el coste del nuevo estadio se sufragara con la venta del Calderón. La constructora FCC se hizo con los aprovechamientos urbanísticos para construir 2.000 pisos, pero al no poder llevar a cabo el proyecto original, acabó desistiendo. El club tuvo que pedir un préstamo al millonario mexicano Carlos Slim, a su vez máximo accionista de FCC, que le adelantó 160 millones a través de su banco, Inbursa, para poder pagar la obra. Al mismo tiempo, la entidad rojiblanca recuperaba los derechos sobre el suelo del Calderón. De su futura venta, sacará el dinero para devolver el préstamo. El acuerdo contempla que tiene hasta 2021 para hacerlo.
El último –y parece que definitivo– plan presentado para el ámbito Mahou-Calderón es el que aprobó el pasado 9 de marzo la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. En él se reduce la altura de los edificios y el número de viviendas pero crece el porcentaje de pisos con algún tipo de protección pública. El proyecto tiene que pasar un periodo de información pública antes de ser aprobado por el Ayuntamiento. Será entonces cuando se envíe a la Comunidad de Madrid, que tendrá que dar el visto bueno definitivo, unos trámites que pueden demorarse hasta un año.
El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento, José Manuel Calvo, explica que la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid “no tiene nada que ver con el proyecto que ha presentado el actual equipo de Gobierno, sólo anula el que aprobó en su día la anterior corporación. El nuestro no puede verse afectado porque, entre otras cosas, ni siquiera ha sido aprobado definitivamente. Espero que no sea objeto de recurso judicial pero en cualquier caso, la nueva ley del suelo ya no contempla la limitación de construir sólo hasta tres alturas más ático, por lo que ya no tendría objeto un recurso por esa vía”.
El integrante de Señales de Humo, el abogado Francisco Estévez, afirma que “lo que ha fallado en todo este proceso ha sido la precipitación del club en obligar a las administraciones a llevar adelante los acuerdos alcanzados en 2007 y 2008, lo que les llevó a incumplir la ley sintiéndose obligados a ello. Para mí, es más decepcionante el papel que han tenido las instituciones públicas en todo este camino que el del club”.
Las sucesivas victorias judiciales han supuesto un espaldarazo a las acciones emprendidas por la asociación de seguidores y accionistas colchoneros, cuya motivación para iniciar en su día este proceso fue “la defensa del patrimonio de la entidad, que era el Vicente Calderón, explica Estévez. “Nuestra pretensión es que se hiciera todo dentro de la legalidad, que no se cometieran irregularidades que nos pudieran pasar factura en el futuro. Al principio nos caricaturizaban mucho los medios afines a los propietarios del Atleti, nos decían que éramos más o menos una banda de ultras y se ha visto que no. Se ha demostrado que teníamos razón”, añade.
Ante la evidencia de que el traslado al nuevo estadio es inevitable, Señales de Humo ha puesto ahora el foco en las deficiencias que hay en el ámbito del recinto ubicado en el barrio de San Blas. Por eso ha presentado un nuevo recurso contra la modificación del plan especial del ámbito del Wanda Metropolitano. “Lo que queremos es que se adopten las medidas necesarias para que no provocar perjuicios a los aficionados y los abonados del Atleti” explica otro de los abogados de la asociación, Antonio Perea.
“En el recurso que hemos presentado hacemos especial hincapié en el tema de la seguridad vial ya que no se han acometido las obras necesarias para la evacuación de vehículos y de personas. Hay que buscar una solución para la aglomeración de gente que va a haber en la zona. El Estado debería hacer los accesos de la M-40 y el Ayuntamiento las obras en la Avenida de Arcentales. No se está haciendo nada. Estamos ante una situación en la que se puede generar un grave problema de seguridad porque no hay las vías necesarias de acceso ni de evacuación del recinto”, afirma Perea.
Ante estos problemas, Señales de Humo podría pedir una medida cautelarísima para reclamar que se deniegue la licencia de apertura del estadio hasta que no se resuelvan estas carencias, pero Perea lo descarta porque “nos obligarían a poner un aval que sería muy alto y la asociación no tiene medios ni recursos para afrontar una garantía así. Y el Tribunal no puede tomar esa decisión por sí mismo”. El abogado también descarta que vayan a pedir la paralización del derribo del Calderón “porque ya no tiene ningún sentido”.
Muchos se preguntan por qué hay tanta prisa por mudarse este verano sin que estén terminadas todas las infraestructuras, en vez de esperar un año y hacer el traslado en mejores condiciones. Antonio Perea opina que “el club tiene un problema de financiación. Han tomado dinero a préstamo para terminar el estadio. Lo que antes iba a ser gratis ahora resulta que nos va a costar dinero a los accionistas. Y por eso tiene necesita cumplir los plazos con sus proveedores y, sobre todo, con el que le ha prestado el dinero. Necesita trasladarse y sacar dinero lo antes posible de la parcela del Calderón”.
