Para la temporada 2020/2021, los árbitros pertenecientes a la Primera y Segunda División española pasarán a ser contratados de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol).
Hasta el momento, los árbitros y la RFEF mantenían una clase de relación de no dependencia con la Federación. Si bien recibían una compensación por concepto de viáticos y estadías, el vínculo no era de dependencia.
No obstante, esto está a punto de cambiar, según lo anunció el mismo presidente de la RFEF, Luis Rubiales. Cuando la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social examinó la situación de los árbitros, halló un vacío legal en el que habían caído. Estos no eran trabajadores por cuenta ajena, ya que su relación con la RFEF no era de dependencia. De acuerdo a la legislación, deberían entonces haber sido calificados como autónomos, pero tampoco lo era. Por lo tanto, estas observaciones que la Dirección General destacó en el 2012, comenzarán a tomar un nuevo curso en el presente año.
Los cambios que experimentará la relación entre los árbitros de Primera y Segunda División y la RFEF marcarán un antes y un después en su relación. Estos consistirán en:
Contrato laboral: como cualquier otro trabajador por cuenta ajena, los árbitros de las mencionadas Divisiones firmarán un contrato laboral con la RFEF y pasarán a depender de la Federación.
Seguridad Social: lo que durante tantos años les fue ajeno, ahora pasará a ser parte de su vida laboral. Los árbitros gozarán del beneficio de estar incluidos en la Seguridad Social.
Esta nueva situación pretende dar respuesta a los reclamos que durante más de veinte años habían venido planteando los árbitros de fútbol.
¿Por qué los entrenadores sí y los árbitros no?
Bajo el argumento de que los entrenadores formaban parte del sistema laboral y, curiosamente, los árbitros no, Rubiales se mostró de acuerdo desde antes de asumir como presidente de la RFEF en que los árbitros pasaran a formar parte del plantel de trabajadores de la Federación. Fue así que en el año 2018, el gobierno recibió la solicitud por parte de esta para que esto fuera posible. Los deportistas profesionales son regulados laboralmente por el RD 1006/85. De modo que se apeló a este para hacer la solicitud.
De cara al anteproyecto correspondiente a la nueva ley del deporte, se intentó dar forma y regularizar la situación laboral de los árbitros, una asignatura pendiente durante tantos años. Después de que la ola de inestabilidad política amainara en el territorio español, el ahora presidente de la Federación ha tomado la decisión de finalmente darles a los árbitros lo que siempre consideró que reclamaban en su justo derecho.
El anteproyecto de ley
Rubiales ha tomado la decisión de incluir a los árbitros dentro del plantel con contrato firmado de la RFEF. Esta determinación es independiente de lo que ocurra en el transcurso del nuevo gobierno y de si la legislatura que asume aprobará la reforma inherente a la Ley del Deporte o no. Esta es una materia pendiente que consta de larga data. Por lo tanto, el nuevo presidente de la RFEF ha determinado que debe materializarse.
El anteproyecto de dicha ley expresa que la situación jurídica de los árbitros ha sido un tema de preocupación durante largos años. Por lo tanto, se pretende formalizar una situación cuya naturaleza del cargo es demasiado heterogénea. De acuerdo a lo en él expresado, se da la garantía para que el contrato laboral resulte formalizado en el marco de las alternativas que presenta la legislación que se encuentra vigente. El cometido es lograr adaptar la forma en la que los árbitros se vinculan con la RFEF de la manera en la que mejor se adapte al desempeño de su cargo. Lo que el anteproyecto deja muy en claro es que resulta imperante que dichos trabajadores sean incorporados al sistema de Seguridad Social.
En base a los conceptos anteriormente expresados, el anteproyecto estipula lo siguiente:
Dado que los árbitros dejarán de percibir un mero reintegro correspondiente a los gastos de traslado y estancia para recibir una remuneración por sus tareas en la cancha, entonces será obligatorio que se los incorpore en la Seguridad Social.
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