El cambio de estadio del Atlético de Madrid para la próxima temporada incurre en una serie de supuestas irregularidades legales denunciadas por la asociación de aficionados Señales de Humo.

El final de la pasada campaña del Atlético de Madrid estuvo marcado por la despedida del Vicente Calderón como estadio colchonero tras más de 50 años formando parte de la historia del club. Los diferentes actos que se sucedieron durante los últimos encuentros celebrados a orillas del Manzanares sirvieron para ensalzar el recuerdo de un estadio histórico, pero también para consolidar la campaña de marketing impulsada desde el club con el objetivo de difundir las bondades del nuevo Wanda Metropolitano, ocultando las muchas sombras que desde hace años acompañan al proyecto.
Tras el traslado a este nuevo estadio –con nombre de capital chino y apellido de historia atlética cogida con pinzas– subyace todo un opaco entramado de irregularidades legales, tras el que encontramos una vez más la labor al frente del club de los dueños y dirigentes del mismo, Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo. Una gestión que en lo referente al traslado de estadio se ha demostrado desastrosa en lo económico –pasando de prever el pago de la histórica deuda del club a costar cerca de 200 millones–, y plagado de anomalías legales en cuanto al plan urbanístico proyectado para los terrenos del Vicente Calderón –recientemente revocado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid–. Un cúmulo de irregularidades que ponen de manifiesto la vinculación existente desde hace años entre la gestión del club y diferentes intereses de carácter político y económico, y que de nuevo vuelve a salpicar la planificación del traspaso y acondicionamiento urbanístico del nuevo Wanda Metropolitano.

Señales de Humo, plataforma de socios críticos con la administración actual del club, formuló el pasado 10 de julio una demanda contencioso administrativa contra la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, relativa a los trabajos de construcción y adecuación de los aledaños del Wanda Metropolitano. La demanda, presentada igualmente contra Ayuntamiento y Comunidad en función de sus respectivas responsabilidades, pide la nulidad total del planteamiento del proyecto tal y como se ha desarrollado hasta el momento. Y se basa en motivos que tienen que ver con la desviación de poder hasta la errónea clasificación del suelo, el incumplimiento de la Ley del Ruido o el insuficiente número de plazas de aparcamiento, entre otras supuestas irregularidades.
La historia del futuro Wanda Metropolitano comienza en 1993, cuando se dio por finalizada la obra primigenia del estadio –originalmente de atletismo–, y su por entonces única grada, con forma de peineta invertida, que le otorgó el nombre que hasta hace unos meses ha acompañado al proyecto. En 2002, la titularidad del estadio era transferida de Comunidad a Ayuntamiento, momento a partir del que el proyecto se vería metido de lleno en el “sueño olímpico” de la ciudad de Madrid. En 2008 –tras el primero de los fracasos olímpicos-, se materializaba el protocolo de intenciones firmado entre el Ayuntamiento y el Atlético de Madrid: el club se comprometía mediante la firma de un convenio de colaboración a dar uso a la instalación tras la hipotética celebración de unos Juegos en caso de que la candidatura tuviera éxito. El convenio formaba parte de los requisitos planteados por el COI a fin de evitar casos de abandono de las infraestructuras como ocurre en estos momentos en Río de Janeiro.
Las candidaturas se perdieron y Madrid no fue sede olímpica, pero el proyecto del nuevo estadio del Atleti siguió adelante. Es en este punto donde, según la denuncia, ocurre la irregularidad más flagrante y llamativa del caso, la desviación de poder: “Lo que nació siendo la destinación de un bien patrimonial público para que se le diera un uso privado, se ha convertido en el traspaso de un bien público a una entidad privada, con lo que el objetivo ha variado considerablemente”, afirma Antonio Perea, abogado de SdH, responsable del caso. “No supone dar uso, sino transmitir con un pago de por medio, comprando el suelo a través de la ejecución de la opción. Pero el objetivo del convenio no era ese. Se ha llegado a un punto diferente que incurre en desviación de poder”.

Es decir, mediante el cambio del uso de estas parcelas, unos terrenos de titularidad pública son transmitidos a un ente privado a través de lo que Perea señala como un “procedimiento administrativo incorrecto”. En él, según el abogado, intervinieron tanto la Comunidad –es su Consejo de Gobierno el que aprueba la modificación puntual del plan como parte de sus competencias– como el Ayuntamiento, quien tiene la tarea de elaborarlo y publicarlo finalmente en el boletín municipal.
Las supuestas irregularidades no acaban ahí. Según ha denunciado recientemente el actual delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, parte del pago estipulado en el convenio –algo más de 60 millones de euros en concepto de compra de terreno y obras de urbanización de accesos– fue abonado por el club en forma de entradas a los partidos del Atlético de Madrid entre 2010 y 2014.

El Gobierno del consistorio municipal, entonces liderado por el popular Alberto Ruiz-Gallardón, recibió durante ese período un total de 126.305 entradas a 40 euros la unidad, lo que suma un importe de 6,2 millones pagados al Ayuntamiento de forma irregular. A juicio del edil de Ahora Madrid, la situación plantea un “problema legal de difícil solución”, dado que el pago realizado por el club en este concepto ya ha sido gastado por el consistorio en forma de entradas, y “dado que no existe crédito para hacer frente a dichas facturas, hay que tramitar las correspondientes modificaciones de crédito para poder hacer el pago de las facturas que hay en los cajones”.
Además de esta situación, en la que aparecen vinculados intereses políticos relacionados con el fracaso del Madrid olímpico, la demanda recoge otro tipo de irregularidades que rodean la puesta en funcionamiento de una instalación destinada al espectáculo deportivo. El ratio de plazas de parking por metro cuadrado de infraestructura es menor que el estipulado en la normativa referente a este punto; y Señales de Humo cree que se ha vulnerado la legalidad en cuanto a la compensación de dotaciones, y destaca la ausencia del obligatorio informe de impacto de género y el incumplimiento de la Ley del Ruido. El problema parece tener difícil solución, ya que, tal y como apunta el abogado de SdH, “actualmente se superan los límites establecidos en la ley en alrededor de 30 decibelios durante los picos máximos”, es decir, cuando hay gol local. A expensas de buscar una solución técnica al problema del ruido, complicado teniendo en cuenta las características del estadio –muy abierto, descubierto y rodeado por viviendas-, Perea plantea la modificación de los horarios de los encuentros que se celebren en el Wanda Metropolitano, hipótesis remota dados los intereses de clubes y televisiones en este aspecto.
Señales de Humo plantea la nulidad del proyecto, un requerimiento que, en caso de ser aceptado –un escenario muy improbable dados los tiempos de la justicia y la incapacidad de la asociación para afrontar económicamente el depósito necesario para sacar adelante una medida cautelar mediante recursos–, provocaría que el Atlético de Madrid comenzara a jugar la próxima temporada en el Vicente Calderón. Una situación que supondría un importante perjuicio para el club tanto en su imagen pública como en términos económicos, ya que el convenio plantea sanciones si no se cumplen las fechas de inicio de la competición en el nuevo estadio.
No obstante, al margen de la vía legal, en el aspecto meramente técnico las cosas tampoco pintan mucho mejor. Las obras presentan aún un importante retraso con respecto a lo planificado, y a falta de una confirmación oficial del calendario de la próxima temporada, el inicio de Liga en el nuevo estadio enfrenta serias dudas. Determinado por el Mundial de Rusia 2018, que arrancará el 14 de junio de 2018, el comienzo de la campaña 2017/18 parece apuntar al 19 y 20 de agosto. Plazos muy ajustados con el actual transcurso de las obras. La solución podría pasar por un previsible retraso del estreno como local en Liga del equipo colchonero, que jugaría las dos primeras jornadas fuera de casa. Sin embargo, el club ha puesto ya en marcha las labores de acondicionamiento del césped del Vicente Calderón, lo que deja entrever las dudas existentes sobre la viabilidad del cumplimiento de los plazos del traslado impuesto y cocinado desde el palco con las altas instancias del poder político madrileño.

Publicado en Contexto