OPROLER ¿Cómo actuar ante la declaración de concurso de acreedores?

La compañía constructora OPROLER, ha sido declarada en situación de concurso voluntario de acreedores

Como ya veníamos adelantando, la compañía constructora OPROLER Obras y Proyectos, S.L.U, ha sido declarada en situación de concurso voluntario de acreedores por el juzgado de lo mercantil nº 13 de Madrid.

Dicha circunstancia ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 19 de julio de 2019, mediante Edicto del juzgado de lo mercantil nº 13 de Madrid.

Con motivo de la declaración de concurso de OPROLER, a partir del día 22 de julio los acreedores tendrán un plazo de un mes para comunicar a la administración concursal sus créditos. Además, los acreedores que así lo deseen podrán personarse en el concurso mediante abogado y procurador.

¿Cómo actuar ante la declaración de concurso de acreedores?

👉 Los acreedores, o quien les represente, que así lo deseen, deberán dirigirse a la administración concursal comunicando sus créditos y adjuntando copia de los documentos que acrediten los mismos: contratos, facturas, pagarés…

👉 Si esto no se produjera dentro del plazo establecido por art. 85 de la Ley concursal, los créditos comunicados fuera de plazo serían considerados como subordinados, y por tanto, pasarían a encontrarse en los últimos lugares del orden para el cobro.

Si eres tú uno de los afectados por un concurso de Acreedores, te aconsejamos nuestra entrada de blog “Oproler, constructora presenta concurso de acreedores” .

Contact free icon

En Perea Abogados te ayudamos a comunicar correctamente tus créditos a la administración concursal y a reclamar las cantidades que te adeudan. ¡Contáctanos!

OPROLER, la constructora presenta concurso de acreedores

Hace unos días desayunamos con la noticia publicada en El Confidencial de que la empresa constructora OPROLER Obras y Proyectos, S.L.U., ha solicitado ante los juzgados de lo mercantil de Madrid el concurso de acreedores voluntario.

Según publica este diario la constructora OPROLER no puede hacer frente a los pagos a diversos contratistas, debido a la paralización de la obra pública en España por la ausencia de gobierno y al aumento de los costes en la construcción, sobre todo el aumento del precio de la mano de obra.

Quiebra de Oproler, la constructora presenta Concurso de Acreedores
El delegado en Cataluña de la constructora Oproler, Josep Manel Bassols (i). (EFE)

La constructora estaba aplazando los pagos hasta a 120 días, incumplimiento claramente la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en la cual se establece un plazo de pago máximo de SESENTA DIAS desde la recepción de la mercancía o prestación del servicio.

OPROLER con un pasivo corriente de 63 millones de euros en 2017 (según el registro mercantil de Madrid), y unas deudas a proveedores de 46 millones euros en 2017, se ve obligada, en aplicación de la normativa concursal, a solicitar el concurso de acreedores.

Nuestra ley concursal obliga a solicitar el concurso de acreedores en el plazo de dos meses desde que el deudor conoció o debió conocer su estado de insolvencia.

Muchos son los proyectos y promociones afectados por el concurso de OPROLER, algunos de ellos son, por ejemplo, una promoción 147 viviendas públicas en El Rosón (Getafe), la reforma del polideportivo El Carrascal (Leganés) o la construcción de un aparcamiento en Mogán (Las Palmas de Gran Canaria).

Y bien, ¿ahora qué? ¿En qué situación quedan los proveedores, contratistas, empleados, compradores de viviendas, etc…?

Las personas afectadas deberán iniciar un camino judicial para poder recuperar su dinero y no verse gravemente perjudicados en sus patrimonios con el concurso de la compañía OPROLER.

¿Qué hacer ante un CONCURSO DE ACREEDORES?

👉Lo primero es recopilar toda la documentación concerniente a sus relaciones comerciales con la constructora: contratos, albaranes, facturas, partes de obra, certificaciones, etc…

👉En el caso de los compradores de viviendas deberán reunir los contratos, justificantes de cantidades entregadas para la compra de la vivienda, certificados, y muy importante, las pólizas del seguro de caución que hubieran suscrito OPROLER para garantizar la devolución de las cantidades entregadas a cuenta.

👉A partir de aquí, hay que estar atentos a la publicación en el BOE de la declaración de concurso pues entonces comenzará el plazo de UN MES para que los acreedores comuniquen su crédito a la administración concursal.

👉Transcurrido dicho plazo la administración elaborará un informe en el cual además de analizar las causas de la declaración de concurso, calificará los créditos según su naturaleza.

👉A partir de entonces empezará la fase en la cual sabremos si es posible la elaboración de un convenio con los acreedores o se liquidará la compañía.

Para todo esto hay que estar personado en el procedimiento y en relación directa con el administrador concursal.

Por otro lado, los compradores de viviendas podrán reclamar directamente a la compañía aseguradora la indemnización de las cantidades entregada para la compra de las viviendas.

Esto se produciría en procedimientos ajenos al concurso.

👥Si eres un AFECTADO por el concurso de acreedores de OPROLER podrás reclamar ante el juzgado de lo mercantil los créditos que tengas pendientes y si eres un comprador de viviendas además podrás reclamar frente a la aseguradora o la entidad financiera donde estén depositadas las cantidades entregadas.

En PEREA ABOGADOS somos especialistas en derecho concursal.

Ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos.

Despido laboral: 3 razones por las que contar con un abogado laboralista

El momento de comunicar a un empleado que cesará su trabajo en la empresa es, quizás, uno de los más delicados que debe afrontar un directivo dentro de su trayectoria profesional. Para afrontar esta situación es necesario prepararse de forma adecuada y contar con un especialista en despidos de trabajadores.

El despido produce la extinción del vínculo laboral. Es la forma en la que se finaliza la relación contractual existente entre el trabajador y la empresa. Llegados a este punto, cómo le puede un abogado laboralista en el procedimiento de despido:

  • Asesoramiento sobre el tipo de despido: Según la justificación que se acredite por parte de la empresa para la destitución de un empleado, hay tres tipos diferentes de despido: despido objetivo, despido disciplinario y despido colectivo o ERE.
    Cada uno de ellos posee unos derechos y unas indemnizaciones propias para cada trabajador que su abogado laboralista le informará.
  • Elaboración de pre-aviso y de carta de despido: La carta de despido es el primer paso para iniciar el proceso de despido. Es la forma que la empresa comunica al trabajador que no seguirá formando parte de la misma. En ella se debe informar sobre los siguientes puntos: los motivos que justifican la decisión de despido y la fecha que se formalizará el despido, es decir, a partir de qué día finalizará su actividad en la empresa.
  • Tramitación del despido: El momento más duro y delicado, el momento del despido. Llegado a este punto es importante contar con un abogado laboralista para que sea él el que despida al trabajador de forma adecuada. Son especialistas en despidos de trabajadores. Y, además de despedir, ofrecen apoyo legal tanto a la empresa como al trabajador.

Además, en caso de que haya una demanda por parte del trabajador el abogado acudirá al juzgado en representación de la empresa. En algunas ocasiones, el trabajador despedido puede no estar de acuerdo con el tipo de despido que se ha producido, por ello, tiene el derecho de recurrir judicialmente para impugnar la decisión tomada por la empresa.

Si el trabajador no consigue un acuerdo con la empresa, será la justicia la que decida la validez o no de esta destitución y declarará el despido como:

  • Despido procedente (considera que es un despido legal por causas objetivas)
  • Despido improcedente (considera que el despido no se ha realizado correctamente, puede que solo sean los aspectos formales del despido o que no hayan suficientes razones para el despido)
  • Despido nulo (considera que el despido se ha producido de forma injustificada).

¿Porqué contratar a un abogado laboralista para la tramitación de los despidos de su empresa?

En este artículo les ofrecemos algunas de las razones por las que contratar a un abogado laboralista para la tramitación de los despidos de su empresa. Puede realizar éste delicado proceso de forma rigurosa con el apoyo de un equipo de abogados especialistas en despidos, que le asesorará durante todo el proceso y tramitará personalmente el despido, si así lo solicita. Cuente con Perea Abogados, abogados laboralistas especializados en despidos en Madrid.

La ley mordaza LGTBI de Podemos tiene aspectos inconstitucionales, según los expertos.

Colaboración de nuestro socio Antonio Perea en OkDiario a raíz de la tramitación parlamentaria de un proyecto de Ley para sancionar opiniones y comportamientos que se consideren van en contra del colectivo LGTBI.

Os dejamos el enlace con el periodico https://okdiario.com/espana/2017/08/16/ley-mordaza-lgtbi-podemos-aspectos-inconstitucionales-segun-expertos-1231816

Las sombras del traslado al Wanda Metropolitano. Las claves de las irregularidades

El cambio de estadio del Atlético de Madrid para la próxima temporada incurre en una serie de supuestas irregularidades legales denunciadas por la asociación de aficionados Señales de Humo.

El final de la pasada campaña del Atlético de Madrid estuvo marcado por la despedida del Vicente Calderón como estadio colchonero tras más de 50 años formando parte de la historia del club. Los diferentes actos que se sucedieron durante los últimos encuentros celebrados a orillas del Manzanares sirvieron para ensalzar el recuerdo de un estadio histórico, pero también para consolidar la campaña de marketing impulsada desde el club con el objetivo de difundir las bondades del nuevo Wanda Metropolitano, ocultando las muchas sombras que desde hace años acompañan al proyecto.
Tras el traslado a este nuevo estadio –con nombre de capital chino y apellido de historia atlética cogida con pinzas– subyace todo un opaco entramado de irregularidades legales, tras el que encontramos una vez más la labor al frente del club de los dueños y dirigentes del mismo, Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo. Una gestión que en lo referente al traslado de estadio se ha demostrado desastrosa en lo económico –pasando de prever el pago de la histórica deuda del club a costar cerca de 200 millones–, y plagado de anomalías legales en cuanto al plan urbanístico proyectado para los terrenos del Vicente Calderón –recientemente revocado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid–. Un cúmulo de irregularidades que ponen de manifiesto la vinculación existente desde hace años entre la gestión del club y diferentes intereses de carácter político y económico, y que de nuevo vuelve a salpicar la planificación del traspaso y acondicionamiento urbanístico del nuevo Wanda Metropolitano.

Señales de Humo, plataforma de socios críticos con la administración actual del club, formuló el pasado 10 de julio una demanda contencioso administrativa contra la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, relativa a los trabajos de construcción y adecuación de los aledaños del Wanda Metropolitano. La demanda, presentada igualmente contra Ayuntamiento y Comunidad en función de sus respectivas responsabilidades, pide la nulidad total del planteamiento del proyecto tal y como se ha desarrollado hasta el momento. Y se basa en motivos que tienen que ver con la desviación de poder hasta la errónea clasificación del suelo, el incumplimiento de la Ley del Ruido o el insuficiente número de plazas de aparcamiento, entre otras supuestas irregularidades.
La historia del futuro Wanda Metropolitano comienza en 1993, cuando se dio por finalizada la obra primigenia del estadio –originalmente de atletismo–, y su por entonces única grada, con forma de peineta invertida, que le otorgó el nombre que hasta hace unos meses ha acompañado al proyecto. En 2002, la titularidad del estadio era transferida de Comunidad a Ayuntamiento, momento a partir del que el proyecto se vería metido de lleno en el “sueño olímpico” de la ciudad de Madrid. En 2008 –tras el primero de los fracasos olímpicos-, se materializaba el protocolo de intenciones firmado entre el Ayuntamiento y el Atlético de Madrid: el club se comprometía mediante la firma de un convenio de colaboración a dar uso a la instalación tras la hipotética celebración de unos Juegos en caso de que la candidatura tuviera éxito. El convenio formaba parte de los requisitos planteados por el COI a fin de evitar casos de abandono de las infraestructuras como ocurre en estos momentos en Río de Janeiro.
Las candidaturas se perdieron y Madrid no fue sede olímpica, pero el proyecto del nuevo estadio del Atleti siguió adelante. Es en este punto donde, según la denuncia, ocurre la irregularidad más flagrante y llamativa del caso, la desviación de poder: “Lo que nació siendo la destinación de un bien patrimonial público para que se le diera un uso privado, se ha convertido en el traspaso de un bien público a una entidad privada, con lo que el objetivo ha variado considerablemente”, afirma Antonio Perea, abogado de SdH, responsable del caso. “No supone dar uso, sino transmitir con un pago de por medio, comprando el suelo a través de la ejecución de la opción. Pero el objetivo del convenio no era ese. Se ha llegado a un punto diferente que incurre en desviación de poder”.

Es decir, mediante el cambio del uso de estas parcelas, unos terrenos de titularidad pública son transmitidos a un ente privado a través de lo que Perea señala como un “procedimiento administrativo incorrecto”. En él, según el abogado, intervinieron tanto la Comunidad –es su Consejo de Gobierno el que aprueba la modificación puntual del plan como parte de sus competencias– como el Ayuntamiento, quien tiene la tarea de elaborarlo y publicarlo finalmente en el boletín municipal.
Las supuestas irregularidades no acaban ahí. Según ha denunciado recientemente el actual delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, parte del pago estipulado en el convenio –algo más de 60 millones de euros en concepto de compra de terreno y obras de urbanización de accesos– fue abonado por el club en forma de entradas a los partidos del Atlético de Madrid entre 2010 y 2014.

El Gobierno del consistorio municipal, entonces liderado por el popular Alberto Ruiz-Gallardón, recibió durante ese período un total de 126.305 entradas a 40 euros la unidad, lo que suma un importe de 6,2 millones pagados al Ayuntamiento de forma irregular. A juicio del edil de Ahora Madrid, la situación plantea un “problema legal de difícil solución”, dado que el pago realizado por el club en este concepto ya ha sido gastado por el consistorio en forma de entradas, y “dado que no existe crédito para hacer frente a dichas facturas, hay que tramitar las correspondientes modificaciones de crédito para poder hacer el pago de las facturas que hay en los cajones”.
Además de esta situación, en la que aparecen vinculados intereses políticos relacionados con el fracaso del Madrid olímpico, la demanda recoge otro tipo de irregularidades que rodean la puesta en funcionamiento de una instalación destinada al espectáculo deportivo. El ratio de plazas de parking por metro cuadrado de infraestructura es menor que el estipulado en la normativa referente a este punto; y Señales de Humo cree que se ha vulnerado la legalidad en cuanto a la compensación de dotaciones, y destaca la ausencia del obligatorio informe de impacto de género y el incumplimiento de la Ley del Ruido. El problema parece tener difícil solución, ya que, tal y como apunta el abogado de SdH, “actualmente se superan los límites establecidos en la ley en alrededor de 30 decibelios durante los picos máximos”, es decir, cuando hay gol local. A expensas de buscar una solución técnica al problema del ruido, complicado teniendo en cuenta las características del estadio –muy abierto, descubierto y rodeado por viviendas-, Perea plantea la modificación de los horarios de los encuentros que se celebren en el Wanda Metropolitano, hipótesis remota dados los intereses de clubes y televisiones en este aspecto.
Señales de Humo plantea la nulidad del proyecto, un requerimiento que, en caso de ser aceptado –un escenario muy improbable dados los tiempos de la justicia y la incapacidad de la asociación para afrontar económicamente el depósito necesario para sacar adelante una medida cautelar mediante recursos–, provocaría que el Atlético de Madrid comenzara a jugar la próxima temporada en el Vicente Calderón. Una situación que supondría un importante perjuicio para el club tanto en su imagen pública como en términos económicos, ya que el convenio plantea sanciones si no se cumplen las fechas de inicio de la competición en el nuevo estadio.
No obstante, al margen de la vía legal, en el aspecto meramente técnico las cosas tampoco pintan mucho mejor. Las obras presentan aún un importante retraso con respecto a lo planificado, y a falta de una confirmación oficial del calendario de la próxima temporada, el inicio de Liga en el nuevo estadio enfrenta serias dudas. Determinado por el Mundial de Rusia 2018, que arrancará el 14 de junio de 2018, el comienzo de la campaña 2017/18 parece apuntar al 19 y 20 de agosto. Plazos muy ajustados con el actual transcurso de las obras. La solución podría pasar por un previsible retraso del estreno como local en Liga del equipo colchonero, que jugaría las dos primeras jornadas fuera de casa. Sin embargo, el club ha puesto ya en marcha las labores de acondicionamiento del césped del Vicente Calderón, lo que deja entrever las dudas existentes sobre la viabilidad del cumplimiento de los plazos del traslado impuesto y cocinado desde el palco con las altas instancias del poder político madrileño.

Publicado en Contexto

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

Consulte la política de privacidad y nuestro aviso legal

ACEPTAR
Aviso de cookies